En una entrevista radial que ofreció a Radio Centro, el presidente Noboa reforzó su postura sobre la continuidad de los límites temporales, pues ratificó que el esquema de mandatos de ocho años se mantendría y descartó respaldarse en una reelección indefinida, insistiendo en que él sólo visualiza hasta dos periodos y que no promoverá la eliminación del tope temporal.
La declaración presidencial llega en medio de un proceso que comenzó en septiembre, cuando el Ejecutivo presentó el Decreto Ejecutivo 153 proponiendo una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente; la Corte Constitucional sometió la iniciativa a control de vía y exigió ajustes al estatuto y a los considerandos antes de dar luz verde al mecanismo consultivo. Esos trámites y correcciones quedaron plasmados en el dictamen y en la versión revisada del estatuto que el presidente remitió al órgano electoral.
Durante las últimas semanas la estrategia de Noboa mostró doble movimiento, por un lado, insistir en llevar la convocatoria y el estatuto a las urnas para que el pueblo decida la instalación de la Constituyente; por otro, plantear reformas institucionales que, según la oposición, podrían debilitar la autonomía judicial si implican la eliminación o reconversión del actual órgano de control constitucional. Organizaciones internacionales y especialistas han advertido sobre los riesgos para la independencia judicial derivadas de la confrontación entre el Ejecutivo y la Corte.
El pulso entre la Presidencia y la Corte no es nuevo, ya que a lo largo de 2025 la Corte Constitucional suspendió de forma provisional artículos de leyes impulsadas por Noboa, y el presidente organizó movilizaciones públicas para presionar por sus reformas en materia de seguridad, lo que tensó todavía más la relación institucional y generó alertas de organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional.
Según las publicaciones oficiales, muestran que el proyecto de Constituyente del Ejecutivo, busca en sus propios términos, una “refundación institucional” que permita introducir cambios en seguridad, economía y gestión del Estado; empero, los detalles sobre la propuesta concreta de sustituir la Corte por una Sala Constitucional, en donde su alcance, competencias y garantías de independencia, siguen siendo motivo de debate y no están claros en textos públicos más allá de comunicados y publicaciones en redes.