El presidente Daniel Noboa anunció que el Ejecutivo tiene la intención de financiar el pago de sueldos de funcionarios permanentes, como docentes, jueces y médicos, mediante créditos externos para el año 2026. Con ello, el país rompería de facto la regla constitucional que exige que los gastos permanentes sean cubiertos por ingresos permanentes, ya que el financiamiento vendría de deuda pública.
El Gobierno planea financiar parte de los sueldos permanentes mediante endeudamiento público, recurriendo a créditos con organismos internacionales como el FMI y el BID. Ayer, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un desembolso de $600 millones de dólares para Ecuador, tras completar la tercera revisión del acuerdo crediticio de $5000 millones firmado en 2024.
Según el decreto presidencial, la medida se plantea en el marco de la elaboración de la Proforma Presupuestaria 2026, que debe ser remitida a la Asamblea Nacional antes del 31 de octubre. La propuesta se justificó por una brecha estructural del presupuesto, ya que los ingresos permanentes no crecen al ritmo del gasto, lo que obligaría al Estado a buscar otras fuentes de recursos para garantizar los pagos.
La propuesta ha generado inquietud entre analistas fiscales, quienes señalan que recurrir al endeudamiento para cubrir sueldos permanentes reduce la flexibilidad del Estado y encadena obligaciones futuras. Además, junto al anuncio del pago interno, se recordó que Ecuador enfrentará en 2026 una gran carga de amortización de deuda externa, lo que sumará presión a las finanzas públicas.
Por su parte, sectores como el magisterio y abogados opinan que financiar sueldos mediante créditos es una señal de debilidad que puede comprometer derechos laborales, mientras que el Gobierno defiende que es una medida extraordinaria en circunstancias extraordinarias. En plataformas como X, representantes del gremio docente ya han declarado que “no queremos que nuestras nóminas dependan de préstamos internacionales”, poniendo el foco en la sostenibilidad del sistema.