El presupuesto destinado a obra pública en 2025 asciende a USD 449 millones, pero hasta octubre solo se ha ejecutado USD 120 millones.
A dos meses de finalizar el año, el Gobierno de Daniel Noboa ha invertido esa cifra en infraestructura, un monto inferior a lo destinado a programas de transferencia de efectivo como el bono Raíces para agricultores, las compensaciones a transportistas y los programas sociales Jóvenes y Ecuatorianos en Acción.
La disminución de la obra pública no es reciente; el gasto en este rubro ha caído constantemente desde 2017, año en que alcanzó su punto máximo con USD 1.452 millones. Desde 2018, el monto destinado a infraestructura ha descendido casi cada año, con una leve recuperación en 2022.
La tendencia podría continuar en 2026, cuando el Ejecutivo presente la proforma presupuestaria. Según la economista Verónica Artola, el país enfrenta limitaciones fiscales y de endeudamiento que dificultan revertir esta caída, ya que los gobiernos priorizan la reducción del déficit fiscal.
“El país no puede seguir incrementando su deuda, porque sería insostenible pagarla”, explicó Artola, señalando que los recortes en obra pública son una consecuencia de la rigidez del gasto estatal y de la necesidad de evitar mayor endeudamiento.
Por ley, el financiamiento de la obra pública depende de ingresos no permanentes, como los préstamos y los ingresos petroleros, los cuales se han reducido por la baja producción. Además, gran parte de los nuevos créditos se destinan a pagar deudas anteriores, según el doctor en finanzas José Abel DeFina.
DeFina también señaló que, aunque en años anteriores hubo altos niveles de gasto, muchos proyectos fueron de baja calidad, generando costos adicionales al Estado. Finalmente, Artola destacó la baja eficiencia en la ejecución presupuestaria: hasta octubre, solo se ha utilizado el 27% de los fondos previstos y existen atrasos de pago a proveedores por USD 29 millones.
Fuente: cortesía