Tras la ampaña del Gobierno contra los magistrados de la Corte Constitucional (CC) y en medio de la controversia, varios temas aún esperan resolución, mientras otros ya perdieron vigencia.
Los dictámenes de la Corte sobre las decisiones del Ejecutivo han comenzado a retrasarse. Por primera vez, dos estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa no recibieron un pronunciamiento sobre su constitucionalidad.
Se trata de los Decretos Ejecutivos N.º 174 y 175. El primero fue emitido el 4 de octubre como respuesta al paro nacional, pero no fue calificado por la Corte, pese a que la militarización y el uso de la fuerza aumentaron, generando denuncias de posibles violaciones de derechos humanos. El estado de excepción abarcó diez provincias y fue derogado el 26 de octubre sin dictamen alguno.
El Decreto 175, emitido un día después, extendía por 30 días el estado de excepción en cinco provincias por la inseguridad, pero también expiró sin revisión judicial. El 4 de noviembre, Noboa volvió a decretar una medida similar ante el incremento de la violencia, que amenaza con convertir a 2025 en el año más violento del país. Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, los estados de excepción suman ya 549 días en total.
Este cambio en el accionar de la Corte se da luego de una fuerte campaña del Gobierno en su contra. Los rostros de los magistrados fueron expuestos en gigantografías, hubo marchas, intentos de desalojo, acusaciones públicas y hostigamientos. Además, el Ejecutivo ha impulsado reformas constitucionales para restar poder al tribunal y limitar su rol como contrapeso del Gobierno.
El discurso del presidente Noboa ha insistido en que la Corte interfiere en sus funciones, mientras el tribunal mantiene pendientes varios dictámenes sobre leyes, medidas y planes del Ejecutivo, lo que refleja una tensión creciente entre ambos poderes del Estado.
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