El Fiscalía General del Estado inició un proceso penal por presunta actividad ilícita de recursos mineros, que incluye como llamados a juicio a altos oficiales del Ejército Ecuatoriano y otros miembros de las Fuerzas Armadas, a raíz de un operativo de agosto de 2024 en la parroquia La Merced de Buenos Aires (Imbabura), donde se halló material aurífero transportado por camiones custodiados aparentemente por militares.
El expediente identificado como Proceso 10334-2024-00188 está fijado para audiencia el 2 de diciembre de 2025, y entre los citados a declarar figura el general Milton Rodríguez Rojas, actual Jefe de la Casa Presidencial, designado en agosto de 2024. También han sido convocados el coronel Fernando Villa Mena, el teniente coronel Héctor Gallardo, el mayor Édgar Carrera Albuja y el capitán Pablo Carpio Álvarez.
Según la fiscalía, los hechos del caso “Oro Verde” se remontan al 26 de agosto de 2024 cuando la Policía detuvo tres camiones que transportaban 516 sacos con oro triturado en los que cuatro militares activos participaban. Las Fuerzas Armadas negaron que se tratara de un operativo oficial.
En paralelo a la causa penal, el Ejército comunicó que el viernes 7 de noviembre de 2025 había desarticulado un centro clandestino de procesamiento de oro en el barrio Calderón, norte de Quito. En ese allanamiento se incautaron 34 sacos de carbón activado valorados en $1,2 millones de dólares, químicos como cianuro y soda cáustica, armas, municiones y uniformes militares; se estima que dicho centro tenía capacidad para procesar hasta nueve kilos de oro semanalmente.
Estos operativos revelan que la minería ilegal en Ecuador no sólo moviliza un negocio ilícito con alcance económico multimillonario, sino que también involucra a células criminales que habrían contado con apoyo o complicidad de personal militar o de seguridad, lo que amplía la dimensión del problema hacia la corrupción institucional. Analistas señalan que esta confluencia entre minería ilegal y redes de delincuencia exigía una respuesta legal y operativa más fuerte.
El ministerio de Defensa y la Casa Presidencial han anunciado que colaborarán con la Fiscalía en la investigación, mientras la defensa de los militares convocados ha adelantado que solicitará la exclusión de testimonios que consideran “viciados” y exigirá pruebas más estrictas de comando o instrucciones superiores que pudieran implicar a los acusados. Los tribunales, por su parte, han señalado que el llamado a generales demuestra que la causa busca escalar hacia la esfera de mando y no quedarse solo en los niveles operativos.
La gravedad del caso ha despertado preocupación entre los sectores de defensa de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de que la minería ilegal contribuya la financiación de grupos criminales, y sobre la cultura de impunidad en las instituciones encargadas de la seguridad. En ese sentido, la audiencia programada para diciembre será seguida de cerca y podría marcar un antes y un después en la rendición de cuentas en el ámbito militar y en la gestión de los recursos naturales del país.