El llamado caso Cachorro surgió tras el decomiso de 193 kilos de cocaína, 196 paquetes marcados con la palabra “cachorro”— dentro de la hacienda San Luis, en Juján, propiedad de la empresa San Luis S.A., vinculada al Grupo Noboa y donde incluso figura como accionista el presidente Daniel Noboa; durante el operativo fue detenido el cuidador Tito M., quien señaló como administrador a Rafael Velarde y afirmó que vehículos blindados del conglomerado ingresaban con frecuencia al predio, pero pese a estos indicios y a que el registrador se negó a emitir el certificado del bien, el juez sobreseyó el caso cuatro meses después sin determinar responsables, lo que llevó al asambleísta Héctor Rodríguez a exigir la reapertura de la investigación, la comparecencia de directivos de la empresa, del juez y del fiscal, así como informes de la Superintendencia de Compañías y de la UAFE sobre los movimientos accionarios y financieros relacionados.
El allanamiento realizado por unidades policiales terminó con la detención del cuidador Tito M., quien permanecía dentro de la propiedad en el momento del operativo, y la droga —empaquetada con la palabra “cachorro”— fue trasladada como evidencia, mientras autoridades locales señalaban que la hacienda parecía estar en desuso, aunque los registros administrativos indicaban actividad previa, lo que alimentó sospechas sobre presuntas irregularidades en su manejo.
La investigación inicial concluyó rápidamente con un sobreseimiento que dejó más dudas que respuestas, pues no se analizaron los bienes asociados a la propiedad, no se rastrearon flujos financieros y tampoco se profundizó en la ruta que pudo seguir el cargamento; por ello, organizaciones sociales y actores políticos denunciaron que el caso había sido tratado con una ligereza incompatible con la magnitud del hallazgo.
El asambleísta Héctor Rodríguez, uno de los voceros más insistentes, solicitó la reapertura del expediente al considerar que existían elementos suficientes para continuar la investigación, y pidió que se convocara a los administradores del predio, a los responsables jurídicos de la empresa y al juez que firmó el sobreseimiento, con el fin de esclarecer qué factores influyeron en el cierre prematuro del proceso.
También se cuestionó que la empresa propietaria del terreno, según registros mercantiles de aquel momento, mantenía vínculos societarios con figuras del entorno empresarial de la familia Noboa, hecho que alimentó tensiones políticas y llevó a diversos sectores a exigir que la Superintendencia de Compañías y la Unidad de Análisis Financiero intervinieran para revisar movimientos accionarios y transacciones realizadas meses antes del operativo.
Movimientos ciudadanos y organizaciones ambientales y sociales difundieron informes, transmisiones en vivo y testimonios sobre las condiciones en las que se encontraba la hacienda, denunciando que el caso reflejaba una posible disfunción del sistema judicial y un manejo insuficiente de las investigaciones sobre narcotráfico en zonas agrícolas, lo que despertó preocupación sobre la capacidad del Estado de enfrentar redes criminales que se adaptaban al ámbito rural.
El Gobierno, por su parte, evitó pronunciarse de forma detallada en ese momento sobre los vínculos del predio con el Grupo Noboa y la eventual reapertura del caso, lo que generó un clima de incertidumbre y mantuvo la presión mediática y política sobre el entorno empresarial del presidente, mientras legisladores y colectivos insistían en que el país merecía una investigación exhaustiva que permitiera aclarar responsabilidades y evitar que el expediente quedara definitivamente archivado.