La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) presentó en Estados Unidos una demanda contra la empresa Progen, recurriendo a la Ley RICO, un instrumento legal utilizado para perseguir esquemas de corrupción y que permite solicitar indemnizaciones triplicadas. Así lo explicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, al confirmar la acción judicial relacionada con los contratos fallidos firmados durante la crisis energética iniciada en 2024.
La Ley RICO creada en 1970 para combatir al crimen organizado— ha ampliado su alcance con el tiempo y hoy se aplica tanto a redes delictivas como a casos de corrupción corporativa. Incluso ha sido utilizada en procesos de alto perfil en distintos estados del país. Más de 30 jurisdicciones estadounidenses cuentan con versiones propias de esta normativa.
Un concepto central dentro de esta ley es racketeering, término asociado a prácticas de extorsión o manipulación sistemática, según organismos internacionales especializados. Bajo este marco, la legislación permite a los fiscales actuar no solo contra individuos, sino contra estructuras completas consideradas “empresas criminales”.
Celec sostiene que Progen y otros siete involucrados conformaron un esquema ilícito que aprovechó la emergencia energética para desviar cerca de 110 millones de dólares. La Ley RICO permite procesar a quienes integran estas organizaciones, incluso si no ejecutaron directamente los delitos, y contempla sanciones severas, como penas de hasta 20 años de prisión, confiscación de bienes y la posibilidad de que las víctimas reclamen hasta el triple de los daños sufridos.
El uso de esta normativa tiene antecedentes relevantes para Ecuador. Chevron la invocó en su disputa legal por el caso Lago Agrio, acusando al abogado Steven Donziger y a otros involucrados de haber obtenido la sentencia ecuatoriana mediante un patrón de fraude y corrupción. Un tribunal federal estadounidense falló entonces a favor de la petrolera, concluyendo que se violó la Ley RICO en ese proceso.
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