Luego de la sentencia histórica que condenó a los responsables de la desaparición forzada de los cuatro niños de las Malvinas, el proceso judicial continúa con otros procedimientos relacionados con este caso emblemático, por lo que la decisión emitida ayer no marca su cierre definitivo.
En Quito se mantiene abierta una investigación previa en la Unidad Nacional de Investigación de Delincuencia Organizada (Unidot), de la Fiscalía General de Estado, por el delito de secuestro con muerte. La defensa de las víctimas confía en que los avances obtenidos en la causa por desaparición forzada impulsen este expediente, en el que no solo se alude a militares, sino también a miembros de grupos de delincuencia organizada.
«Asumo que en los próximos días estarían realizando algunas diligencias para determinar quién o quienes estarían atrás de la muerte de los cuatro niños de la Malvinas. Inclusive, emitir algún tipo de comentarios sobre esa fase investigativa podría cargar un tipo de delito», dijo Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos, que se desempeñan como defensores de la familia de las víctimas.
De manera paralela, los abogados de las víctimas interpusieron un hábeas corpus que actualmente se encuentra en la Corte Constitucional, instancia que tiene pendiente la presentación de un proyecto de sentencia para su análisis por el Pleno. Asimismo, desde Naciones Unidas, el Comité de Desaparición Forzada solicitó al Estado ecuatoriano que hasta el próximo 12 de febrero se esclarezca la muerte de los niños, mediante una estrategia que investigue un posible vínculo entre agentes estatales y grupos delictivos.
Finalmente, en la solicitud se detalla la garantía de acceso de la Fiscalía a archivos militares y de inteligencia, así como sanciones para quienes obstaculicen las investigaciones, además de medidas de protección para las familias, la defensa y los agentes fiscales.