Autoridades municipales, provinciales y delegados de los GAD parroquiales mantuvieron una reunión el 10 de febrero en Quito para evaluar los posibles impactos negativos de una eventual reforma al Cootad, planteada por el presidente Daniel Noboa y remitida a la Asamblea con carácter de económico urgente. En el encuentro participaron los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz, y de Cuenca, Cristian Zamora, junto a los prefectos de Pichincha, Paola Pabón, y del Azuay, Cristóbal Lloret.
Zamora señaló que la iniciativa legal podría perjudicar la inversión social, así como programas vinculados a salud, deporte, cultura, prevención de la violencia de género y atención a los sectores más vulnerables.
Por su parte, Pabel Muñoz afirmó que el proyecto “tiene indicios de ilegalidad e inconstitucionalidad y no lucen urgentes si las reformas de ser aprobadas se comenzarían a aplicarse el 2027”. La propuesta del Ejecutivo plantea que los GAD destinen de forma progresiva hasta el 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
En caso de no cumplir con este criterio, se reducirían las asignaciones presupuestarias. “Esto significaría menos recursos para obras barriales, mingas comunitarias y proyectos locales”, indicó el Municipio de Quito en su portal informativo.
Finalmente, de igual forma el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) alertó que, de continuar el proceso, interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.