Los incendios estructurales ocurridos en Guayaquil en las últimas horas, fueron los motivos para que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional decidan allanar y tomar el control de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), ubicadas en la Marta de Roldós, en el norte de la ciudad.
Dicha medida se efectuó el domingo 15 de febrero. En rueda de prensa, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que la intervención a Segura EP “no es una decisión política, es una decisión de seguridad”. Acotó que los recursos logísticos y de monitoreo de la empresa municipal pasan a manos de su cartera de Estado y de la Policía.
Tras el allanamiento, la Fiscalía aclaró que en este proceso no hubo detenidos y que se ejecutó a través de un acto urgente solicitado por Policía, tras conocer –por información reservada– «que la Empresa Municipal de Seguridad estaría difundiendo información de carácter reservado de imágenes de las cámaras de video vigilancia a un servidor externo por confirmar».
El accionar del Gobierno produjo serios cuestionamientos por parte de reconocidos juristas a través de sus cuentas de X. Por ejemplo, el abogado Joffre Campaña mencionó que lo ocurrido en Segura EP es la toma de una empresa municipal, de forma inconstitucional y, por tanto, arbitraria.
Explicó que el Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) garantiza la autonomía municipal.
“¿Se puede intervenir un Municipio o Empresa Pública Municipal? Sí. En casos excepcionales, pero siguiendo el procedimiento previsto en el Cootad. ¿Se puede intervenir un Municipio o EP Municipal? Únicamente en casos excepcionales, siempre que se cumpla el procedimiento previsto en el artículo 158 del Cootad”, indicó.
Para la jurista Mónica L.uzarraga, el allanamiento a las instalaciones de Segura EP tiene una sola finalidad: tomar el control de la institución que permitió develar el caso de los niños de Las Malvinas, el caso Porsche, así como sus posibles vínculos con el atentado con bombas en la Bahía.
“Guayaquil no puede, ni debe permitir que en su territorio se consolide un poder que parece preferir verla arder antes que verla crecer”, enfatizó.
Mientras que el abogado Julio César Cueva, cree que luego de la intervención a Segura EP, el siguiente objetivo sería AAG (Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil).
“El libreto es evidente: tomar el control de Guayaquil, capturar los recursos y neutralizar la autonomía local. Así se allana el camino para apropiarse del modelo del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, meter mano a los más de USD 340 millones acumulados y, de paso, sepultar definitivamente el proyecto aeroportuario en Daular. Y quizás, solo quizás, dejar como consuelo algún estudio inconcluso sobre Taura. Después será la ATM”, subrayó.
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