Este martes 24 de febrero, el Concejo Metropolitano de Quito resolvió con 15 votos a favor, presentar una medida cautelar ante la Corte Constitucional contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La disposición, aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero, establece la fórmula 70/30 y fija reglas más estrictas para el gasto de inversión de alcaldías y prefecturas.
El alcalde Pabel Muñoz señaló que la reforma es inconstitucional, al considerar que no responde a una real urgencia económica. “A esto se comprometió el Gobierno con el FMI. Eso no pueden pagar los GAD, las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales”, manifestó.
En la sesión también se advirtió que la normativa obligaría al Municipio a disminuir USD 459 millones del presupuesto del próximo año. Ante ello, Muñoz realizó una simulación virtual para determinar qué áreas tendrían que asumir el recorte.
“Concejales, ustedes son los que aprueban el presupuesto, así que decidan ustedes qué recortar, porque faltan USD 459 millones. ¿Cultura, educación, salud, transporte?”, expresó.
Finalmente, el alcalde añadió que la reforma impediría subsidiar el transporte público, al excluir USD 216 millones destinados a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), además de afectar las transferencias municipales que respaldan al Metro de Quito.