De los 206 informes que la Contraloría ha publicado, 137 son de municipios, en particular en Pichincha, El Oro y Azuay.
La Contraloría General del Estado (CGE) ha preparado 206 Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) desde el 1 de enero de 2024 hasta el 13 de febrero de 2026, los cuales han sido dirigidos a gobiernos parroquiales, municipios y prefecturas por supuestas irregularidades en la compra de bienes y servicios, la realización de obras y el proceso de contratación pública.
Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría de la CGE, especificó en un informe entregado a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que 55 IRP pertenecen a gobiernos parroquiales, 137 a municipios y 14 a prefecturas.
Respecto a las prefecturas, los gobiernos provinciales de Morona Santiago y Napo concentran la mayor cantidad de informes, con cuatro análisis por cada uno.
En cuanto a los municipios, las provincias con más IRP fueron: El Oro (26), Pichincha (17), Azuay (18) y Sucumbíos (16). Sulca no especificó a qué alcaldías pertenecen estos reportes.
Respecto a los gobiernos parroquiales, la mayor cantidad de IRP se encuentra en las localidades de Morona Santiago, donde se han publicado catorce informes.
Cuando la CGE, durante una auditoría, identifica hechos que podrían ser considerados como un delito, emite un informe con indicio de responsabilidad penal. Si lo estima apropiado, este documento se envía a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que comience una investigación penal. La investigación puede resultar en la petición de una formulación de cargos.
Por último, Sulca indicó que la CGE supervisa un total de 3.412 entidades públicas, entre las cuales se encuentran 1.830 gobiernos parroquiales, municipios, empresas públicas y prefecturas.