Karla Saud, señalada como lobista de la empresa estadounidense Progen, fue detenida este jueves 9 de julio de 2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, cuando intentaba abandonar el país. La contratista es investigada en Ecuador por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con contratos de generación eléctrica, cuyo presunto perjuicio al Estado asciende a 140 millones de dólares.
Según información difundida por medios nacionales, Saud comparecerá este 10 de julio ante la Audiencia Nacional de España, instancia que analizará si procede su extradición a Ecuador o si se le aplican otras medidas mientras avanza el proceso judicial. La procesada también posee ciudadanía estadounidense.
El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, confirmó la captura a través de sus redes sociales y señaló que fue posible gracias a la notificación roja emitida por Interpol a solicitud de las autoridades ecuatorianas, en coordinación con la Policía Nacional de España.
La Fiscalía General del Estado había solicitado en mayo la emisión de la alerta roja de Interpol como parte de la investigación del denominado caso Progen.
¿Qué investiga el caso Progen?
La Fiscalía indaga presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos para la construcción de las centrales eléctricas de Quevedo y Salitral. De acuerdo con las investigaciones, Karla Saud habría actuado como intermediaria entre la empresa Progen y funcionarios públicos.
¿Qué sigue tras la detención?
Con la captura de Saud, el Estado ecuatoriano deberá presentar formalmente la solicitud de extradición ante las autoridades españolas. El expediente deberá incluir la orden de prisión preventiva, los hechos investigados, la normativa penal aplicable y los elementos que sustentan el pedido.
Posteriormente, la Audiencia Nacional de España determinará si se cumplen los requisitos legales para conceder la extradición, conforme al tratado bilateral vigente y la legislación española. Durante este proceso, Karla Saud tendrá derecho a ejercer su defensa, designar abogados, impugnar la solicitud de extradición y solicitar medidas alternativas mientras se resuelve su situación jurídica.