El pasado 20 de julio, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue retenido por agentes del FBI en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, cuando se disponía a abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires junto a la delegación de la selección argentina.
Durante el procedimiento, las autoridades estadounidenses incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a Tapia y a varios miembros de la dirigencia de la AFA, lo que provocó un retraso de más de dos horas en la salida del vuelo.
De acuerdo con medios argentinos, Tapia fue citado para comparecer el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. La citación también incluye al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; al empresario Javier Faroni, vinculado a la empresa TourProdEnter LLC; y al dirigente Diego Lucero.
La investigación, liderada por autoridades federales de Estados Unidos, busca esclarecer presuntas irregularidades financieras relacionadas con el manejo de fondos y operaciones internacionales. Hasta el momento, la AFA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el procedimiento ni sobre las acusaciones que dieron origen a la investigación.
Es importante señalar que las citaciones judiciales forman parte de la etapa investigativa y no representan una determinación de responsabilidad penal.
Entre las principales líneas de investigación figuran una presunta estructura financiera irregular vinculada a la AFA con operaciones que superarían los USD 300 millones; el supuesto uso de TourProdEnter LLC como empresa receptora de ingresos provenientes de patrocinadores y partidos amistosos de la selección argentina; y una presunta triangulación de fondos mediante cuentas en entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank, por donde habrían circulado más de USD 13,5 millones en menos de un año.
Asimismo, los investigadores analizan transferencias de dinero que permanecían entre 24 y 72 horas en distintas cuentas antes de ser enviadas a otros destinos, además del presunto uso de sociedades sin actividad comercial significativa, entre ellas Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que habrían recibido más de USD 3,1 millones desde una cuenta de PNC Bank.
La investigación también examina la coincidencia de domicilios y agentes registrales entre varias de las empresas involucradas, algunas de las cuales fueron disueltas tras el inicio del caso. Bajo estas hipótesis, el Departamento de Justicia y el FBI buscan determinar si existieron maniobras relacionadas con un posible lavado de activos y desvío de fondos.
Como parte del proceso, las autoridades analizarán el contenido de los dispositivos electrónicos incautados y lo contrastarán con los registros bancarios para verificar la existencia de las operaciones investigadas.