La mañana de este viernes 14 de agosto, la jueza Raquel Maza Puma acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Guido Perugachi Guandinango, por presunta paralización de servicios públicos durante las protestas de septiembre y octubre de 2025, en Imbabura.
En su resolución, la jueza ordenó la localización y captura Perugachi. Su abogado, Henrry Ospitia, apeló la decisión al finalizar la diligencia. Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura deberá resolver ese recurso.
En diálogo con Radio Pichincha, Perugachi informó que las bases indígenas resolvieron que no se entregue a la justicia tras la decisión de la magistrada. En ese sentido, denunció una supuesta vulneración de derechos durante el proceso.
“No se nos permitió la palabra en la audiencia. Solo tomó dos pequeñas intervenciones de nuestro abogado y luego ni siquiera a la comunidad le dejó hablar”, afirmó el dirigente.
Indicó que esto sería parte de una represalia del Gobierno debido a la revocatoria de mandato que impulsa, junto a otras organizaciones, en contra del presidente Daniel Noboa y la segunda mandataria, María José Pinto.
“Además, lo que dicen es que existe un peligro de una gran movilización social por el descontento del país”, señaló Perugachi.
Hace pocos días, la defensa de Perugachi solicitó que la causa fuera trasladada a la justicia indígena. Sin embargo, la jueza penal de Ibarra rechazó el pedido y determinó que el caso debía continuar bajo la jurisdicción ordinaria.
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) expresó su respaldo a Perugachi y cuestionó las acciones judiciales en su contra.
“Rechazamos que la protesta social y la participación de dirigentes y organizaciones en la defensa de los derechos colectivos sean utilizadas como mecanismos de criminalización y persecución”, señaló.
La organización indígena invocó también el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho de individuos y colectivos a ejercer la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales.
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