Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigieron a Estados Unidos que ponga fin a lo que calificaron como asesinatos en el mar, después de que al menos 223 personas murieran en el último año en ataques aéreos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Océano Pacífico.
Según los expertos, desde el 2 de septiembre de 2025, el Ejército estadounidense ha atacado al menos 68 embarcaciones en aguas internacionales.
En la mayoría de los casos, todas las personas que viajaban a bordo murieron, mientras que en otros se reportaron desaparecidos.
Washington ha justificado las operaciones alegando que las embarcaciones transportaban drogas en nombre de organizaciones consideradas terroristas por la legislación estadounidense. Sin embargo, los expertos rechazaron los argumentos jurídicos presentados por el gobierno de Estados Unidos.
“Estas muertes sistemáticas vulneran gravemente la obligación fundamental de respetar el derecho a la vida”, afirmaron.
Los expertos subrayaron que el derecho internacional no permite a los gobiernos matar a presuntos delincuentes simplemente por encontrarse en el mar, del mismo modo que la policía no puede ejecutar sumariamente a personas en las calles dentro del territorio estadounidense.
También, los expertos de la ONU rechazaron que Estados Unidos pueda invocar el derecho a la legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Según los expertos, los cárteles de la droga y las bandas criminales no están llevando a cabo ataques armados contra Estados Unidos y, por lo tanto, la lucha contra el narcotráfico debe considerarse una cuestión de aplicación de la ley y no un conflicto armado.
A su juicio, Estados Unidos está matando unilateralmente a personas sin base jurídica ni un proceso legal.
El derecho internacional marítimo también exige, según los expertos, una respuesta basada en la aplicación de la ley y no en el uso de medios militares.
Advirtieron además de que los ataques podrían constituir delitos contra la seguridad marítima, lo que permitiría a otros países investigar y procesar a los responsables. También señalaron que varias embarcaciones adicionales han desaparecido en circunstancias sospechosas.
Por ello, exigieron investigaciones rápidas, independientes, imparciales y transparentes sobre todas las presuntas violaciones del derecho a la vida, así como la rendición de cuentas de los responsables, incluidos los mandos militares y civiles.
Ecuador es uno de los países de tránsito que están bajo la lupa del gobierno de Donald Trump por su creciente importancia para las redes del narcotráfico.
Pese a ello, existen graves denuncias por el extralimitado accionar que hacen los militares estadounidenses.
Hace pocos días, dos barcos ecuatorianos con permisos de pesca comercial, el Conquista 2 y OM2, fueron interceptados ― uno de ellos hundido― por militares estadounidenses, que mantienen bajo custodia a alrededor de 39 tripulantes.
Los acusan de abastecer de combustible a embarcaciones utilizadas para el tráfico marítimo de cocaína por la organización criminal Los Choneros. Sin embargo, los familiares de los detenidos rechazan esos alegatos y exigen su liberación inmediata.