Este martes 9 de agosto la Comisión de Fiscalización y Control Político escuchó los testimonios solicitados como pruebas de descargo por Fausto Murillo, Ruth Barreno y José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), como parte de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada en su contra por la asambleísta Viviana Veloz, por incumplimiento de funciones.
Carlos Figueroa y Gerardo Portillo comparecieron en esta jornada como víctimas de casos emblemáticos en la Corte Nacional de Justicia, además de Christian Zurita y César Ricaurte, en su calidad de periodistas de investigación; e, Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, este último como parte de las pruebas de oficio solicitadas por la asambleísta Gabriela Molina.
En el caso de Carlos Figueroa, recordó que fue víctima de una persecución del Gobierno en la época, por haber hecho una denucia en torno a los hechos ocurridos en el hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010, esto, junto al exasambleísta Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio. Lo sucedido se dio cuando por orden del Mandatario del momento se produjo un violento rescate de la referida casa de salud, que dejó varias personas heridas, asfixiadas y muertas.
“El Consejo de la Judicatura se quedó corto y no hizo lo que tenía que hacer para que haya jueces honestos, honrados y probos”, subrayó.
Adicional a eso, está Gerardo Potrillo, quién formó parte de la veeduría, que analizó el caso de la supuesta entrega de contratos a Fabricio Correa, hermano del expresidente de la República, Rafael Correa. Potrillo aseguró que después de este informe hubo una persecución a través de un juicio por daño moral. Este proceso tuvo una duración de aproximadamente ocho años en los cuales él y otros exmiembros de esa instancia, tuvieron que abandonar su hogar, perdieron su trabajo y fueron afectados directamente por la manipulación de la justicia.
En otra instancia, el siguiente fue Christian Zurita, coautor del libro «El Gran Hermano», en el cual relata elos hechos que estuvieron relacionados con la entrega de contratos al ingeniero Fabricio Correa, recalcó que desde el 2010 , la justicia en el Ecuador se convirtió en una infraestructura utilizada para la impunidad y se establecen las condiciones para que el Gobierno de entonces evite que sus acciones sean materia de enjuiciamiento penal, además, añadió: “Si no dejan de meter la mano en la justicia, Ecuador no va a tener una justicia independiente”.
Entre tanto, César Ricaurte, quien ha estado tras 15 años de investigación sobre el ejercicio de la justicia se evidenció que hubo persecución política entre 2007 y 2017, esto mediante una judicialización de aquellos quiénes no pensaban de igual forma que el régimen. Son registradas 2085 agresiones contra la prensa, además de basarse en las normas deontológicas para controlar la opinión, mediante el desprestigio permantente de los medios.
Por último, se encuentra el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, coincidió con la posición expuesta por su antecesora, doctora Paulina Aguirre, quien expresó públicamente que no se oponían a un proceso transparente de evaluación, sino que se solicitaba que actúen sobre la base de parámetros técnicos para una real evaluación de desempeño, porque lo que se estaba haciendo desde el Consejo de la Judicatura violentaba el derecho al debido proceso, la garantía de estabilidad, al haber sido designados para un período fijo, y al derecho a la seguridad jurídica, entre otros preceptos constitucionales. Recordó que por este proceso desarrollado al margen de la Ley.
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