El reglamento de la Ley de Alivio Financiero se centra en perdonar intereses y multas de tránsito, aliviar las deudas de créditos educativos y dar un respiro económico a las pequeñas y medianas empresas.
Dos meses después de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en Ecuador, el presidente Daniel Noboa firmó el reglamento que hace posible su aplicación el 3 de marzo de 2025.
El reglamento consta de siete capítulos, que detallan principalmente cómo se condonarán los intereses y multas de tránsito, cómo se aliviarán las deudas de créditos educativos y qué medidas se tomarán para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
También se establecen instrucciones para que los bancos privados, las cooperativas y el Biess ajusten sus normas para poder aplicar los beneficios de la ley.
El reglamento se firmó el 3 de marzo y entrará en vigor una vez que se publique en el Registro Oficial. Estos son los puntos más importantes del reglamento:
La ley establece que se perdonarán por completo los intereses y multas de los impuestos que cobra la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Servicio Público para Accidentes de Tránsito (SPPAT).
El reglamento indica que la ANT calculará los valores de los pagos atrasados, recargos, costas y otros cargos derivados de sus impuestos, sin aplicar recargos hasta el 30 de junio de 2025.
Después de esa fecha, la ANT volverá a aplicar los recargos que la ley establece para los contribuyentes que no paguen a tiempo.
Además, no será necesario pagar los intereses por mora, las multas por retraso en los pagos, los recargos, las citaciones de tránsito pendientes ni firmar un acuerdo de pago para obtener o renovar licencias y matrículas. Esto también estará vigente hasta el 30 de junio de 2025.
Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deben pagar el 30% de sus deudas pendientes antes del 30 de junio.
Los ciudadanos con deudas vencidas (en proceso administrativo de cobro, coactivo o con acuerdo de pago) a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) podrán solicitar la remisión.
Los interesados deben presentar una solicitud por escrito en un plazo máximo de 180 días desde que la ley entró en vigor, es decir, desde el 9 de diciembre de 2024 hasta el 9 de junio de 2025.
Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios tendrán un período de gracia de doce meses, durante el cual no se generarán intereses ni recargos. Los beneficiarios pueden ser: El deudor principal, el codeudor, el o los garantes, el o los responsables solidarios y/o los representantes legales y/o apoderados de los mencionados.
Las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, huérfanas y raras podrán solicitar que se les perdone toda la deuda, incluyendo capital, intereses de mora, multas y recargos derivados de las obligaciones de crédito educativo, ya sea que estén activas, vencidas, en acuerdo de pago o en proceso coactivo.
En un plazo de 10 días a partir de la publicación del reglamento, la Senescyt publicará los lineamientos para firmar acuerdos de pago, dando prioridad a: a) Los beneficiarios de la remisión, sobre lo que deben del proceso administrativo de cobro relacionado con el crédito educativo y las becas. b) Las operaciones de crédito, becas y ayudas económicas que ya estaban en proceso de remisión de intereses y con el proceso administrativo de cobro suspendido cuando la ley entró en vigor. c) Las operaciones de crédito educativo vencidas que se otorgaron a través de la banca con fondos públicos y que administra el Banco del Pacífico S.A., o la entidad que lo reemplace.
También hay beneficios tributarios para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes), emprendimientos y unidades productivas artesanales.
Las entidades financieras coordinarán la reprogramación de las deudas de las Mipymes, emprendimientos y unidades artesanales que se hayan visto afectadas por la crisis energética, y para ello publicarán las normas correspondientes.
Para acceder a estos beneficios, es necesario estar inscrito en los registros públicos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, como el Registro Único de MIPYMES (RUM), el Registro Único Artesanal (RUA) y el Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), según lo establecido en la ley.
Para los contribuyentes que formaron parte del segmento RIMPE – negocio popular, el Servicio de Rentas Internas (SRI) registrará en sus bases de datos la extinción de las obligaciones tributarias (declaración y pago) correspondientes al impuesto a la renta de los años 2022 y 2023.
Los impuestos deben estar en mora por un año o más. La condonación se aplicará siempre que el valor total no supere un salario básico unificado y siempre que se demuestre que la administración tributaria ha realizado alguna acción de cobro.
Este beneficio se aplica a los empleadores que no despidieron personal entre octubre y diciembre de 2024, siempre y cuando los empleados hayan mantenido las mismas condiciones salariales.
Para calcular el porcentaje del crédito tributario, se considerará que los ingresos de un contribuyente son similares entre un período y otro si varían en un diez por ciento (10%) o menos con relación al año anterior; si la diferencia es mayor, los ingresos se considerarán mayores o menores según corresponda.
Los deudores deben presentar una solicitud formal para acogerse a la remisión de intereses, gastos judiciales, multas y recargos. Una vez aprobada la solicitud, se suspenderán los procesos coactivos iniciados contra los deudores que se acojan a la remisión.
Para el pago del saldo de capital, las entidades del sector financiero público establecerán las normas necesarias para que los deudores cumplan con el pago, considerando el monto y el plazo.
Para las deudas con bancos y cooperativas, la ley permite a las entidades establecer programas de prórroga extraordinarios y temporales de las obligaciones financieras, pero no las obliga a hacerlo.
El reglamento indica que en un plazo de 10 días a partir de su publicación en el Registro Oficial, las entidades del sector financiero, público, privado y popular y solidario, así como las instituciones previstas en la ley, ajustarán sus normas para cumplir con las disposiciones de la ley.
En un plazo de 10 días a partir de la publicación del reglamento, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) establecerá las normas internas para aplicar los mecanismos de alivio financiero previstos en la ley.
Además de los beneficios financieros, el reglamento tiene dos disposiciones sobre otros temas:
La autoridad competente entregará de inmediato al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la maquinaria, vehículos y equipos incautados por actividades de minería ilegal para el mantenimiento de las carreteras, de acuerdo con la normativa aplicable.
A partir de la publicación del reglamento en el Registro Oficial, la Autoridad Portuaria de Manta, en coordinación con las entidades encargadas de las finanzas públicas, la planificación nacional y el transporte y las obras públicas, desarrollará o actualizará su modelo de gestión, su plan de inversiones, su plan de negocios y otros instrumentos normativos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.