El gobierno de Ecuador declara estado de excepción por 60 días, suspendiendo derechos constitucionales a pocas horas de la segunda vuelta presidencial. El decreto elimina el derecho a la inviolabilidad del domicilio en nueve zonas estratégicas: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito y Camilo Ponce Enríquez en el Azuay. La decisión generó alarma inmediata entre los observadores políticos y la sociedad civil, mientras el país se prepara para las elecciones.
Esta medida permite a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizar inspecciones, allanamientos y registros domiciliarios sin orden judicial previa, alegando la necesidad de mantener la seguridad interna. Según el decreto, estas acciones también incluyen la posibilidad de intervenir en espacios públicos y controlar la circulación dentro de las zonas afectadas. El Gobierno afirma que estas medidas son esenciales para combatir el crimen organizado y garantizar la estabilidad electoral.
La inclusión de medios de comunicación bajo escrutinio genera alarma, ya que el Decreto 599 autoriza limitaciones a la libertad de expresión y de prensa con el pretexto de mantener el orden público. Periodistas y medios independientes expresan su preocupación por que esto abra la puerta a la censura, la intimidación y las intervenciones arbitrarias durante un período políticamente delicado.
Defensores de derechos humanos, expertos legales y observadores electorales critican enérgicamente la medida. Argumentan que medidas tan drásticas, sin una justificación transparente e introducidas en vísperas de las elecciones nacionales, ponen en peligro el proceso democrático. El momento de la decisión sugiere un posible intento de influir en la participación electoral, intimidar a la oposición política y reprimir las voces disidentes.
Organizaciones internacionales como la COPPPAL instan al gobierno ecuatoriano a restablecer de inmediato los derechos constitucionales, respetar la libertad de prensa y garantizar un proceso electoral pacífico y transparente. Ante el despliegue de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de allanamientos de viviendas sin orden judicial, la población se enfrenta a una creciente ansiedad e incertidumbre, lo que ensombrece la legitimidad de las próximas elecciones.