Guayaquil volvió a despertar ante el horror de un acto de extrema violencia. Un grupo criminal compuesto por siete hombres y una mujer, uno de ellos conocido por el alias de Cocacho, y que fuera detenido por el secuestro y asesinato de una comerciante china, están involucrados en otro hecho terrorista. El secuestro ocurrió en la zona de las calles 19 y Ayacucho, al suroeste de la ciudad, donde un ciudadano fue sacado de su domicilio bajo amenazas.
A partir del 26 de mayo, los secuestradores enviaron mensajes desde varios números ecuatorianos y colombianos a la hija de la víctima, exigiendo una gran suma de dinero a cambio de su liberación. La evidencia recabada en el expediente judicial incluye capturas de pantalla de estos intercambios, en los que la mujer, desesperada, explicó que no tenía el dinero e intentó negociar un plazo para empeñar un vehículo. Los delincuentes, impasibles ante sus súplicas, la amenazaron e insultaron, prometiendo matar a su padre si no recibían el dinero pronto.
El 5 de junio, los verdugos informaron a la hija que su padre había muerto. Sufría de diabetes e hipertensión, pero, según sus propias palabras, no le habían «administrado la medicación por orden de la firma». El tono se volvió aún más escalofriante cuando, tras matarlo, los secuestradores exigieron una nueva suma para revelar la ubicación del cuerpo.
Al día siguiente, 6 de junio, los delincuentes afirmaron que uno de sus cómplices, un policía, intervendría para ayudarlos a «ganar el caso» y que podría recuperar el cuerpo de la morgue. Sin embargo, el 7 de junio, cambiaron su versión, afirmando que no podían ordenar la exhumación del cuerpo porque llamaría demasiado la atención. Argumentaron entonces el «absurdo de la ley» para justificar su decisión.
Finalmente, en la mañana del 8 de junio, uno de los delincuentes aceptó rebajar la cantidad exigida a cambio de localizar la tumba. Ofreció recibir la mitad del rescate inmediatamente y el resto una vez encontrado el cuerpo. Amenazó con atacar a otros miembros de la familia si no pagaban. El cuerpo fue finalmente descubierto en una cisterna, lo que confirmó lo peor.
Este crimen indignó a los guayaquileños, quienes viven bajo constante presión debido al aumento de la delincuencia. El excandidato presidencial Pedro Granja denunció enérgicamente esta tragedia y exigió una reforma urgente de la política nacional contra el crimen. Afirmó que la ciudad está al borde del colapso y que es imperativo actuar de inmediato para acabar con la impunidad y el terror que reinan en las calles.