Desde el 11 de junio de 2025, rige en Ecuador una nueva Ley de Inteligencia que introduce restricciones en la supervisión de los recursos utilizados para labores de inteligencia y contrainteligencia. La normativa establece que el sistema nacional de inteligencia tendrá acceso a un fondo permanente de gastos especiales, cuyo monto total será público, pero los detalles sobre su uso permanecerán en reserva.
La Contraloría General del Estado será la única entidad con facultad para revisar estos gastos, mediante auditorías que se realizarán cada tres meses. No obstante, la ley exige que toda la documentación revisada sea destruida al concluir el proceso, lo que impide cualquier control posterior o verificación adicional por otras entidades. Además, se impide el acceso a información de gestiones pasadas a los nuevos directores del sistema.
Otro cambio significativo es que ya no será necesario mantener respaldos documentales sobre el uso del dinero, eliminando incluso la posibilidad de desclasificar esta información luego de 15 años, como se contemplaba en la ley anterior.