La Asamblea Nacional está evaluando una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que busca facultar al presidente de la República para que designe directamente al gerente General del Banco Central del Ecuador (BCE).
Actualmente, ese nombramiento lo realiza la Junta de Política y Regulación Monetaria, y el cargo tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de renovación. La reforma propone eliminar ese período fijo y trasladar la atribución al Ejecutivo.
Esta modificación está contemplada dentro del informe para el primer debate del Proyecto de Ley de Integridad Pública, que fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico el 12 de junio de 2025.
El planteamiento ha generado opiniones divididas. Verónica Artola, exgerente del BCE, considera que la medida podría facilitar la toma de decisiones sin afectar la autonomía de la institución, ya que (según explica) la Junta ya elige a sus miembros a partir de ternas propuestas por el propio Presidente. Para ella, esta reforma permitiría una reacción más rápida si el Gerente no cumple con los objetivos planteados.
Por otro lado, Mauricio Pozo, exministro de Economía, ve con preocupación el posible debilitamiento de la independencia del Banco Central, advirtiendo que se podría convertir en una entidad sujeta al control del Ejecutivo. Pozo recuerda que en países como Chile o Perú el Banco Central goza de plena autonomía.
Ambos expertos coinciden en que la actual estructura , diseñada tras la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización en abril de 2021, presenta deficiencias, especialmente por la división de funciones entre las juntas monetaria y financiera.