El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), liderado por Michele Sensi-Contugi, se posiciona como el organismo principal del sistema de inteligencia ecuatoriano, bajo los lineamientos establecidos en la nueva Ley de Inteligencia, ya en vigor.
A escala global, es común que los Estados cuenten con organismos especializados encargados de recolectar, analizar y procesar información para resguardar su seguridad nacional. Algunos países incluso disponen de agencias diferenciadas para asuntos internos y externos, como la CIA (Estados Unidos), el MI6 (Reino Unido) o el Mossad (Israel).
En Ecuador, la institucionalización de un sistema de inteligencia ha sido un proceso progresivo desde 2009. La actual administración, encabezada por el presidente Daniel Noboa, designó al empresario guayaquileño Michele Sensi-Contugi como director del CIES, a pesar de no contar con trayectoria previa en el área. En este contexto, se aprobó una nueva Ley de Inteligencia con el objetivo declarado de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Funciones del CIES y atribuciones legales
El director del CIES es designado por el Presidente de la República y tiene múltiples responsabilidades, entre ellas: asesorar al primer mandatario con inteligencia y contrainteligencia para la toma de decisiones, diseñar el Plan Nacional de Inteligencia, identificar amenazas que comprometan la soberanía y la seguridad del país, coordinar acciones en ciberinteligencia y mantener relaciones con organismos homólogos internacionales.
Sensi-Contugi también está a cargo de definir procedimientos internos para todos los funcionarios del Sistema Nacional de Inteligencia. Estas normativas se mantienen bajo reserva, al igual que la mayoría de la información tratada por el sistema.
Solo el personal especializado puede ejecutar actividades operativas como recolección, análisis y procesamiento de información. Para ello, pueden usar herramientas tecnológicas y técnicas como la creación de identidades ficticias o la mimetización en el entorno social.
Una de las disposiciones más polémicas de la nueva normativa es que autoriza a estos funcionarios a requerir información a empresas de telecomunicaciones —y a personas naturales o jurídicas— sin necesidad de orden judicial. Esta información puede incluir datos históricos y en tiempo real sobre comunicaciones, conexiones, geolocalización de dispositivos, y otros datos relevantes, según lo estipulado en el artículo 51 de la Ley.
No obstante, la legislación también establece límites: queda prohibida la obtención de información por motivos como etnia, religión, orientación sexual, ideología política o pertenencia a grupos sociales. También se prohíbe expresamente el uso de menores en operaciones de inteligencia o contrainteligencia.
Estructura del Sistema Nacional de Inteligencia
El sistema se mantiene compuesto por una entidad principal y siete subsistemas:
- Inteligencia de las Fuerzas Armadas
- Inteligencia de la Policía Nacional
- Inteligencia de la Casa Militar Presidencial
- Inteligencia financiera y económica (UAFE)
- Inteligencia tributaria (SRI)
- Inteligencia aduanera (SENAE)
- Inteligencia penitenciaria (SNAI)
De estos, solo los tres primeros tienen autorización para desarrollar operaciones de contrainteligencia. Cualquier funcionario o institución que realice estas tareas sin respaldo legal será sancionado. El CIES será el responsable de evaluar la idoneidad del personal de todos los subsistemas.
Las operaciones se clasifican según su alcance: político-estratégico, estratégico, operacional, táctico y prospectivo. Las de mayor nivel requerirán autorización directa del Presidente y del CIES.
Clasificación de la información
La información gestionada por el sistema se clasifica en reservada, secreta y secretísima. Los documentos reservados se desclasificarán a los cinco años, mientras que los secretos y secretísimos, a los 15 años, salvo que se haya emitido una nueva clasificación.
Además, el artículo 13 de la Ley contempla la figura de «gastos especiales», que será auditada exclusivamente por la Contraloría, pero cuya documentación será destruida luego de la auditoría, conservando únicamente las actas correspondientes.