El Frente Popular (FP) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciaron las razones por las cuales iniciarán movilizaciones desde este miércoles 2 de julio de 2025.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, expuso los motivos que los llevan a tomar esta acción. Entre las principales causas está su rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa en los ámbitos económico, laboral y educativo.
Además, manifestó su oposición a la Ley de Integridad Pública y a la Ley de Inteligencia. Erazo indicó que la movilización se realizará el miércoles 2 de julio a partir de las 16h00 con destino al Ministerio de Trabajo.
Según detalló, esta acción busca expresar el desacuerdo con la Ley de Integridad Pública, la cual ya enfrenta tres demandas de inconstitucionalidad.
“El día de mañana, los trabajadores de los municipios y las empresas municipales se movilizarán en rechazo a esta Ley, hacia el Ministerio de Trabajo, en rechazo a esta norma”, declaró Erazo.
El representante sindical también señaló que buscarán mantener un diálogo con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, con el fin de exigir el aumento de salarios y “el respeto de los derechos de los trabajadores y los servidores públicos”.
Erazo argumentó que la Ley de Integridad Nacional perjudica a trabajadores, servidores públicos y empleados de empresas estatales. Por su parte, la UNE convocó a movilizaciones para el próximo 11 de julio.
La UNE saldrá a las calles en defensa del incentivo jubilar y para reiterar la necesidad de declarar en emergencia al sector educativo del país.
Andrés Quishpe, presidente nacional de la UNE, expresó también su desacuerdo con la Ley de Integridad Nacional, especialmente por las reformas incluidas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), luego de la presentación de la demanda de inconstitucionalidad.
Finalmente, Erazo añadió que, para la jornada de movilización del 16 de julio, se sumará la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), junto con estudiantes de universidades y escuelas politécnicas, quienes demandan educación gratuita y asignación presupuestaria para las instituciones de educación superior.