La ministra de Educación, Alegría Crespo, admitió que el sistema educativo en Ecuador “atraviesa un momento muy desafiante”, especialmente tras los recientes episodios de violencia en los planteles. No obstante, por el momento descartó la posibilidad de declarar una emergencia en el sector.
Asimismo, indicó que «se ha politizado» la solicitud de declarar en emergencia el sistema educativo del país. A pesar de esto, se mantiene un canal de diálogo con la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Durante una entrevista realizada el 1 de julio de 2025 con el periodista Andrés Carrión, Crespo expresó que “se ha tratado de posicionar que la educación merece estar en emergencia”, y sostuvo que dicho argumento “se encuentra politizado”.
La funcionaria explicó que el Ministerio está al tanto de los incidentes de violencia que afectan tanto a estudiantes como a docentes, pero señaló que la situación no es tal como la presentan gremios como la UNE.
El 11 de junio, la UNE formuló una solicitud para que el sistema educativo sea declarado en emergencia, tras reportar diversos casos de extorsión a maestros, principalmente en la provincia del Guayas. La organización aseguró haber recibido al menos 200 alertas de profesores que eran intimidados por bandas delictivas, las cuales exigían pagos mensuales de entre USD 200 y 500.
El Ministerio de Educación respondió calificando esas cifras como “falsas” y “exageradas”, y acusó a quienes las difunden de intentar instalar “una narrativa de miedo y caos en la opinión pública”.
A pesar de las discrepancias, el Ministerio aceptó continuar con el diálogo junto a los representantes de la UNE, con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas, especialmente en temas relacionados con la seguridad de docentes y alumnos.
Andrés Quishpe, presidente nacional del gremio, insistió en que, frente al aumento de la violencia en el país, se requieren «acciones concretas”. La demanda de declarar la emergencia educativa recobró fuerza luego de que circulara un video que mostraba la «brutal agresión» a una estudiante en el parque El Itchimbía, en Quito.
Según la UNE, ese suceso “refleja la realidad que se vive en el país y que ya ha alcanzado a los planteles educativos”.
En respuesta, el Gobierno presentó una estrategia para enfrentar la violencia en centros escolares. El plan incluye permitir el ingreso de fuerzas del orden a las instituciones educativas cuando existan “peligros ciertos”, como la presencia de armas o el tráfico de estupefacientes.
Crespo señaló que, según la normativa vigente, los uniformados ya pueden ingresar en casos de flagrancia, pero se busca ampliar esta medida a otras situaciones que impliquen un riesgo inmediato.
Finalmente, la ministra explicó que el propósito es disminuir las amenazas sin afectar la integridad de los entornos educativos. También se implementarán programas de formación en protección civil y prevención para los estudiantes.