La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ordenó la suspensión de operaciones y la liquidación forzosa de la Cooperativa CREA, cooperativa de crédito con sede en Cuenca. La decisión afecta a aproximadamente 98.000 socios y marca otro colapso cooperativo importante en los últimos años.
Las autoridades explicaron que CREA no había cumplido con un programa de supervisión intensiva y que su índice de solvencia se desplomó a tan solo el 3,36%, muy por debajo del mínimo del 9% exigido por la ley ecuatoriana. A finales de mayo de 2025, la cooperativa contaba con un patrimonio técnico de 6,5 millones de dólares, mientras que sus activos de alto riesgo ascendían a alrededor de 196 millones de dólares.
A primera hora de la mañana, los afiliados que llegaron a las sucursales de CREA, incluida la oficina principal en las avenidas Unidad Nacional y México, encontraron las oficinas cerradas y avisos sobre la intervención. Las autoridades, incluyendo la Policía Nacional, se desplegaron para controlar la situación, mientras los depositantes, ansiosos, buscaban explicaciones.
Los funcionarios de la SEPS anunciaron que en los próximos días publicarían un calendario de pagos. A través de la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede), los afiliados con saldos de hasta $32,000 recibirían el reembolso, lo que representa aproximadamente al 98.3% de todos los clientes, sin necesidad de representación legal.
Luis Miguel Cabrera fue nombrado administrador y liquidador de CREA, encargado de inventariar los activos y pasivos, coordinar posibles transferencias a otras entidades financieras y supervisar la activación de los mecanismos de Cosede. Si se produjera una transferencia de activos a instituciones privadas, los afiliados podrían ser absorbidos como clientes de dichas entidades.
Para los depositantes con montos superiores a $32,000, se esperaba que el reembolso siguiera un proceso secundario, sujeto a la venta de activos y la cobranza de la cartera vencida. Mientras tanto, se instruyó a los prestatarios para que continuaran sus pagos a través de instituciones designadas, como la Cooperativa Jardín Azuayo, la JEP, el Banco Pichincha y el Banco de Guayaquil, para evitar el incumplimiento de sus obligaciones.
La ciudadanía de Cuenca criticó la mala gestión de la cooperativa y la pérdida de confianza, por lo que líderes de la sociedad civil exigieron una mejor supervisión regulatoria del sector financiero solidario. Con el cierre de cientos de instituciones en la última década, la desaparición de CREA reabre el debate sobre la transformación de las cooperativas en bancos o la mejora de los estándares de supervisión a nivel nacional.