El presidente Daniel Noboa impulsa una enmienda constitucional con la que busca eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Pese a ello, la entidad ha asegurado que continuará con los procesos para designar nuevas autoridades como el Fiscal, el CNE y otras funciones de control.
Durante sus 15 años de existencia, el CPCCS ha enfrentado tres intentos formales de eliminación, sin éxito. Ahora, Noboa plantea un nuevo intento a través de un referendo, aunque este aún no ha sido oficialmente presentado ni calificado por la Corte Constitucional (CC).
Desde que fue creado por la Constitución de 2008, el Consejo ha sido criticado por su actuación «apegada al poder político de turno» al momento de designar autoridades de control. Por ello, ya se han promovido anteriormente tres propuestas para su eliminación.
La primera surgió el 20 de junio de 2019, cuando Michael Aulestia —entonces dirigente del Movimiento Ahora y hoy concejal de Quito— presentó un proyecto de reforma constitucional ante la CC para eliminar el CPCCS.
Poco después, el 24 de julio de 2019, el Comité por la Institucionalización Democrática, liderado por Pablo Dávila, también presentó una propuesta similar. Esta buscaba, entre otros cambios, eliminar el Consejo.
En agosto de ese año, la Corte Constitucional aprobó ambos proyectos y determinó que el mecanismo adecuado era una reforma parcial a la Constitución. Esto implicaba que los proyectos debían pasar por la Asamblea Nacional, cumpliendo con dos debates separados por 90 días.
Al tratarse de iniciativas ciudadanas, antes de llegar al Legislativo, los proponentes debían reunir más de 130.000 firmas. El Comité alcanzó primero ese objetivo, por lo que su propuesta fue enviada a la Asamblea. Aulestia decidió unirse a esa iniciativa y retirar la suya.
Ya en la Asamblea, el proyecto del Comité fue unificado con otro presentado por el asambleísta Fabricio Villamar, del movimiento Creo. Así, las tres propuestas se consolidaron en una sola.
Sin embargo, en marzo de 2021, el Pleno de la Asamblea rechazó la propuesta. Los votos del correísmo y del entonces oficialista Alianza PAIS —en ese momento liderado por el presidente Lenín Moreno— se impusieron. En junio de ese mismo año, Dávila buscó que el tema fuera retomado, pero la Corte negó el pedido.
El CPCCS fue una iniciativa del correísmo. Entre 2007 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, funcionó con normalidad y sirvió para nombrar a figuras cercanas al régimen en cargos clave, como Carlos Pólit en la Contraloría; Galo Chiriboga y Carlos Baca en la Fiscalía; y Juan Pablo Pozo en el CNE.
Los intentos por eliminar el CPCCS o limitar sus atribuciones empezaron en 2018, bajo la presidencia de Lenín Moreno. Ese año, propuso una consulta popular que incluyó «cesar a los vocales del CPCCS de esa época, identificados como cercanos a la Revolución Ciudadana». También propuso la creación de un Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, que evaluó y cesó a la mayoría de autoridades de control. A partir de entonces, los consejeros se eligen por voto popular, sistema que sigue vigente.
En 2021, ya en el gobierno de Guillermo Lasso, se retomó la idea de eliminar el Consejo. Aunque fue una de sus promesas de campaña, no la concretó. En 2023, Lasso impulsó una consulta popular con dos preguntas relacionadas con el CPCCS: una para quitarle la facultad de designar autoridades y otra para cambiar su forma de elección. Ambas fueron rechazadas, con más del 57% del voto válido a favor del ‘No’.
El 5 de agosto de 2025, el presidente Noboa anunció su intención de convocar a un nuevo referendo y consulta popular. La tercera pregunta estaría orientada a eliminar el CPCCS. De aprobarse, sería la primera iniciativa presidencial con ese objetivo.
Aunque aún no se conocen los anexos de las preguntas, Noboa propone eliminar el Consejo mediante una enmienda constitucional, un proceso más rápido, que podría llevarse a votación el 14 de diciembre de 2025.
Sin embargo, en los casos anteriores de Aulestia y del Comité, la Corte ya estableció que el camino adecuado es la reforma parcial a la Constitución, lo que requiere más tiempo, pues incluye debates legislativos.
Esa definición dependerá de si la Corte aprueba el proyecto de reformas que presente Noboa, algo que aún no tiene fecha.
Por ahora, hay dos posibles caminos para la eliminación del CPCCS. El primero, el que plantea Noboa, es lograr una votación en diciembre mediante una enmienda. El segundo, más largo, implicaría primero pasar por la Asamblea, como establecen los antecedentes. Actualmente, el Legislativo tiene pendientes dos reformas impulsadas por Noboa, que llevan entre ocho y once meses en trámite y aún no están listas para ser votadas.
Mientras tanto, el Consejo sigue en funciones. El 6 de agosto de 2025, durante la sesión del Pleno, su presidente Andrés Fantoni y los consejeros Piedad Cuarán, Johanna Verdezoto y David Rosero abordaron el tema.
Todos defendieron la vigencia del CPCCS y expresaron su compromiso de continuar trabajando con normalidad. «Más allá de la institución, lo que se defiende es el derecho de los ecuatorianos a ser parte de la toma de decisiones en los temas de interés públicos», manifestó Rosero.
Actualmente, el CPCCS tiene abiertos cinco procesos de designación de autoridades, la mayoría en fases iniciales. No está garantizado que puedan concluirse antes de que se vote una eventual eliminación del organismo.
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