La Corte Constitucional emitió en enero de 2025 una sentencia que dio seis meses al Presidente para presentar un proyecto legal sobre la elección de los vocales del IESS, plazo que el Mandatario solicitó extender.
El Secretario Jurídico de la Presidencia pidió a la Corte «modular» los efectos de esta sentencia y permitir que el financiamiento del proceso electoral provenga de aportes de afiliados y empleadores.
En la sentencia del 9 de enero, la Corte declaró inconstitucional el artículo 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IESS, que establecía la elección directa de representantes de afiliados y un registro electoral segmentado para empleadores, con costos cubiertos por el Presupuesto General del Estado.
La Corte ordenó al Presidente presentar en seis meses un proyecto de reforma que incluya fuentes de financiamiento avaladas por estudios técnicos de factibilidad financiera, plazo que venció el 31 de julio.
Además, el 7 de julio, el Secretario Jurídico solicitó una extensión para evaluar la viabilidad financiera del proyecto, considerando pronunciamientos del IESS y Ministerio de Finanzas, y permitir un posible financiamiento directo por parte de electores mediante aportes determinados.
Esto implicaría que afiliados y empleadores contribuyan económicamente al proceso de elección de sus representantes en el Consejo Directivo.
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