El conflicto por el paso a desnivel suspendido en Los Ceibos alcanzó un nuevo punto. La Comisaría de Ambiente de la Prefectura del Guayas emitió el 14 de agosto de 2025 una orden directa al Municipio de Guayaquil, otorgándole un plazo de cinco días para despejar completamente la avenida Del Bombero, retirar todo el material de construcción y restablecer el tránsito vehicular.
La medida se adoptó luego de aceptar un reclamo presentado un día antes por el colectivo «Acción por los Ceibos». En su escrito, los ciudadanos, representados por el abogado Juan Andrés Ycaza Serrano, señalaron que la suspensión de la obra, dictada en julio, no había tenido efecto. Indicaron que los cerramientos de zinc, barreras y demás obstáculos seguían en la vía, provocando congestión y dejando «encerrados» a 57 árboles que forman parte de un corredor ecológico para la fauna local.
En respuesta, la Prefectura efectuó una inspección técnica el 13 de agosto, en la que se confirmaron las denuncias ciudadanas. El informe técnico Nro. 527-DGA-JRS-2025, al que El Diario tuvo acceso, reveló presuntas «afectaciones ambientales y urbanas no contempladas inicialmente», lo que llevó a modificar la medida cautelar.
La nueva orden, firmada por el comisario de Ambiente, Ab. Salvador Toledo Quiroz, dispone que el cabildo:
- Retire todos los materiales de construcción, planchas de zinc, barreras tipo «New Jersey» y cualquier elemento que obstruya la circulación.
- Rellene y compacte las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto para devolver a la vía sus condiciones originales.
- Restaure el flujo vehicular en el tramo afectado, asegurando la señalización y las condiciones de seguridad.
La resolución advierte que, si el Municipio de Guayaquil no cumple con lo ordenado en el tiempo fijado, la Prefectura del Guayas llevará a cabo las labores con su propia maquinaria y personal técnico, y luego cargará los costos al cabildo porteño.
Finalmente, el plazo perentorio se enmarca en un enfrentamiento que comenzó en julio, cuando el Ministerio de Ambiente instruyó a la Prefectura suspender el proyecto, argumentando «irregularidades» en el registro ambiental, lo que desencadenó un conflicto político entre la prefecta Marcela Aguiñaga y el alcalde Aquiles Álvarez.