Luego de que este martes 19 se produjera un incidente en la parroquia de Toacaso, provincia de Cotopaxi, en donde tres policías fueron detenidos por la comunidad indígena por aparentemente atentar contra la vida de Leonidas Iza, se aprobó el juzgamiento según las prácticas de la comunidad ancestral. El expresidente de la CONAIE, Leonidas Iza, acusó a los agentes de acoso e intento de asesinato. La Fiscalía declaró que los agentes actuaban como parte de una investigación en curso. Sin embargo, las comunidades indígenas iniciaron una audiencia, de acuerdo con sus propias tradiciones legales, durante la cual se analizaron más de 5.000 chats y documentos de los teléfonos celulares de los agentes.
Iza denunció que la Policía lo había estado vigilando desde el 15 de agosto, incluyendo grabaciones de video y fotografías. Declaró que un vehículo policial intentó atropellarlo, lo que interpretó como un intento de asesinato. Las organizaciones indígenas de Cotopaxi, incluido el MICC, respaldan las acusaciones de Iza y han identificado a la Policía Nacional como parte de un presunto sistema de persecución estatal.
La Fiscalía enfatizó que los agentes actuaban como parte de una investigación previa y que sus acciones no estaban relacionadas con un intento de asesinato. Empero, se hizo un llamado al diálogo entre los sistemas de justicia indígena y estatal para proteger los derechos de los agentes y encontrar una solución.
Las comunidades indígenas de Cotopaxi celebraron una audiencia, de acuerdo con sus propias tradiciones jurídicas, durante la cual se evaluaron más de 5000 chats y documentos de los teléfonos celulares de los agentes. Esta audiencia tuvo lugar el 19 de agosto y fue organizada por líderes comunitarios y vecinales, organizaciones de mujeres, la Ecuarunari y la CONAIE.
Las organizaciones indígenas de Cotopaxi acusaron a la Policía de formar parte de un sistema de persecución estatal dirigido contra activistas sociales, además, exigen una investigación de las denuncias y el castigo de los responsables.
La Fiscalía declaró que continuará la investigación y que está dispuesto a trabajar con la comunidad indígena para esclarecer el caso. Sin embargo, enfatizó que se deben respetar los derechos de los agentes y que es necesario el diálogo entre los sistemas de justicia indígena y estatal.
El incidente ha exacerbado las tensiones entre la comunidad indígena y el Estado y plantea interrogantes sobre la relación entre los sistemas de justicia estatal e indígena en Ecuador. La Fiscalía y las organizaciones indígenas de Cotopaxi tienen diferentes visiones sobre los hechos y la respuesta adecuada.