La jueza María Daniela Ayala, encargada del caso por el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio, enfrenta una solicitud de suspensión por parte de la Fiscalía General del Estado. El fiscal subrogante, Wilson Toainga, presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, argumentando que Ayala ha incurrido en faltas disciplinarias graves que afectan la imparcialidad del proceso. Entre las acusaciones se destacan expresiones de la jueza que cuestionan la objetividad de la Fiscalía y sugieren que esta actúa como «el brazo ejecutor del Gobierno de turno»
El conflicto entre la jueza Ayala y la Fiscalía se intensificó tras una audiencia el 3 de septiembre, donde Ayala negó la prisión preventiva para los procesados José Serrano y Xavier Jordán, imponiendo en su lugar medidas cautelares menos severas. La fiscal Ana Hidalgo apeló esta decisión; sin embargo, Ayala rechazó el recurso el 8 de septiembre por considerarlo extemporáneo, ya que fue presentado 19 minutos después del plazo legal establecido.
Además de la controversia sobre la apelación, la Fiscalía acusa a la jueza de emitir comentarios personales durante la audiencia, sugiriendo que la fiscal no tiene la capacidad de actuar con objetividad y debería apartarse del caso. Estas declaraciones, según la Fiscalía, constituyen agresiones verbales que se alejan de su rol judicial y afectan la integridad del proceso.
El Consejo de la Judicatura tenía previsto tratar la denuncia el 11 de septiembre; sin embargo, la decisión fue aplazada para una sesión extraordinaria programada para este viernes 12 de septiembre a las 08H00. Esta demora ha generado incertidumbre sobre el futuro de la jueza Ayala en el caso y sobre la transparencia del proceso judicial.
Este conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión política y social en Ecuador, donde el asesinato de Fernando Villavicencio ha destapado presuntos vínculos entre el crimen organizado y figuras políticas de alto perfil. La Fiscalía ha imputado a Serrano, Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como autores intelectuales del crimen, basándose en testimonios de testigos protegidos y evidencia recopilada durante la investigación.