Los transportistas urbanos de Quito y la provincia de Pichincha confirmaron este sábado 13 de septiembre, que suspenderían el servicio desde las 00H00 del lunes 15 de septiembre, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La medida fue convocada por la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (FETTEPI), presidida por Carlos Brunis, quien aseguró que la decisión se mantendría mientras no existiera un llamado oficial del Gobierno a instalar una mesa técnica de negociación.
El gremio rechazó el incremento de un dólar por galón tras la eliminación del subsidio, que elevó el precio del diésel de $1,80 a $2,80 dólares. Según los dirigentes, este ajuste golpeó directamente los costos operativos del transporte público y amenazó la sostenibilidad del servicio en todas sus modalidades. Afirmaron que los más afectados no son solo los conductores y propietarios de unidades, sino también los miles de ciudadanos que dependen diariamente de este sistema para movilizarse.
La FETTEPI anunció que la paralización sería progresiva y abarcaría transporte urbano, taxis ejecutivos, transporte escolar, turístico y pesado. Además, planteó coordinar acciones con otros gremios del país que también manifestaron su inconformidad con el Decreto Ejecutivo 126, que formalizó la eliminación del subsidio. Los dirigentes anticiparon que la protesta podría extenderse a escala nacional si no había una respuesta clara desde el Ejecutivo.
Los transportistas exigieron que el Gobierno presentara de manera pública los criterios técnicos y económicos que llevaron a esta decisión. Reclamaron transparencia en el cálculo de precios y la aplicación de compensaciones que permitieran mitigar el impacto de la medida. También insistieron en la necesidad de revisar las tarifas vigentes, que consideraban insuficientes frente al nuevo escenario de costos.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que la eliminación del subsidio respondía a una estrategia para combatir el contrabando y la minería ilegal, sectores que, según sus argumentos, se beneficiaban en mayor medida que los usuarios vulnerables. Además, aseguró que se activaría un “escudo social” que incluía compensaciones económicas para el transporte público, créditos para agricultores y devolución del IVA a sectores desfavorecidos.
La convocatoria a paro generó preocupación entre usuarios y autoridades locales, que temían un colapso de la movilidad en la capital y su provincia. Quito, una ciudad que depende en gran medida del transporte público para su dinámica diaria, enfrentó largas jornadas de caos y paralización de actividades. Los gremios adelantaron que la medida no era un capricho, sino una reacción a lo que consideraban una decisión inconsulta y apresurada del Ejecutivo.
El domingo 14 de septiembre se espera una última reunión de la FETTEPI, donde se definirán los detalles logísticos del paro y se evaluarán posibles alianzas con otras federaciones provinciales. La respuesta del Gobierno en las horas siguientes será determinante para saber si el paro se mantendrá o si existiría espacio para un acuerdo que evitara que Quito y Pichincha iniciaran la semana sin transporte público.