En las últimas horas, Quito ha sido escenario de una creciente represión por parte de las fuerzas policiales y militares durante las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Los manifestantes exigen la restitución del subsidio al diésel, la reducción del IVA y la liberación de los detenidos.
En el sector de San Miguel del Común, al norte de la capital, se registraron incidentes graves cuando efectivos de la Policía Nacional y el Ejército irrumpieron en viviendas y destruyeron cámaras de seguridad instaladas en las calles. Según denuncias de CONAIE, esta acción buscó eliminar pruebas de abusos cometidos durante las intervenciones, incluyendo presuntos disparos contra civiles.
El Gobierno de Daniel Noboa ha respondido a las protestas con un despliegue militar sin precedentes. Desde Latacunga, más de 100 vehículos militares se trasladaron hacia Quito, encabezados por los ministros de Defensa e Interior, con el objetivo de sofocar las movilizaciones en la provincia de Imbabura y otras zonas afectadas.
A nivel nacional, la represión ha dejado un saldo de al menos un muerto y más de 100 personas detenidas, muchas de ellas acusadas de terrorismo y resistencia. Organizaciones como Amnistía Internacional han condenado el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la persecución de líderes sociales, instando al gobierno a garantizar el derecho a la protesta pacífica.
En medio de la crisis, el presidente Noboa ha mantenido una postura firme, rechazando las demandas de los manifestantes y acusándolos de vinculación con grupos delictivos organizados. Sin embargo, la Conaie, ha negado estas acusaciones, calificándolas de infundadas y advirtiendo que la violencia estatal no detendrá la lucha por los derechos del pueblo ecuatoriano.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Ecuador, en donde organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación imparcial sobre los hechos ocurridos, y han instado al Gobierno a respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.