octubre de 2025 su preocupación por la represión en Ecuador durante las protestas ocurridas entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, denunciando un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
Según los expertos, se emplearon gases lacrimógenos y munición letal, dejando al menos tres muertos, 282 heridos, 172 detenidos y 15 desapariciones forzadas. También señalaron la congelación de cuentas sin orden judicial y la vinculación infundada de las protestas con el crimen organizado.
“Este patrón de ataques parece estar diseñado para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos indígenas”, indicaron los expertos, quienes además alertaron sobre “el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico”, así como sobre las restricciones a la libre asociación, reunión y expresión.
Criticaron también la respuesta militar a las manifestaciones y los continuos estados de excepción desde 2024, calificándolos como incompatibles con los derechos de protesta pacífica. Asimismo, rechazaron “el acoso y la persecución” contra la Corte Constitucional, declarada “enemiga del pueblo” tras anular varios estados de excepción.
El comunicado, firmado por nueve expertos de la ONU, incluyó a los relatores de libertad de asociación (Gina Romero), independencia judicial (Margaret Satterhwaite) y derechos de los pueblos indígenas (Albert Barume), quienes recordaron que las protestas surgieron por el fin del subsidio al diésel, el aumento del IVA y la aprobación de proyectos extractivos sin consulta previa.
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