El periodista y excandidato Christian Zurita denuncia públicamente una “marejada de odio” y una campaña digital coordinada que, según afirma, busca vincularlo con el asesinato del también periodista Fernando Villavicencio; el pronunciamiento se difundió a través de su cuenta en X y en él señaló a una estructura que, a su juicio, tiene nexos con el narcotráfico.
Zurita sostiene que la operación informativa está orquestada por lo que llama “el recadero de Leandro Norero” y que decenas de cuentas replican de forma simultánea mensajes falsos que lo incriminan, por lo que responsabiliza a esa red de generar una narrativa destinada a desprestigiarlo y amedrentarlo políticamente. En sus mensajes, el comunicador insiste en que no teme las campañas en su contra y anuncia que defenderá su nombre con pruebas y acciones legales si corresponde.
En paralelo a la controversia mediática, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una denuncia contra Zurita y la exaspirante a la Presidencia, Andrea González Nader, integrantes del movimiento Construye, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023, expediente que incluye también a responsables del manejo económico y jurídico del movimiento.
El auto de sustanciación que dispone la investigación reclama al CNE que precise los hechos, las pruebas y el lugar de citación de los denunciados en un plazo acotado, y obliga al órgano electoral a completar los antecedentes sobre aportes, montos y respaldos contables para sustentar la acusación prevista en el artículo 281 del Código de la Democracia. Esa acción del CNE ocurrió el 6 de noviembre y suma tensión al debate público, pues llega mientras Zurita denuncia la campaña de difamación.
Fuentes periodísticas recogen además que en redes sociales circula material presuntamente extraído del teléfono de Villavicencio y que figuras públicas y medios lo han replicado; Amanda Villavicencio, en tanto, confirma haber entregado el celular de su padre a Zurita, dato que alimenta la polémica sobre la procedencia y el uso de esa información. La difusión de supuestos chats y la promesa de programas o publicaciones dedicadas al material agravan la sensación de una guerra informativa.
El choque entre la acusación electoral y las denuncias de Zurita abre interrogantes sobre la línea entre la fiscalización legítima del financiamiento político y la manipulación mediática, ya que expertos consultados señalan que, mientras el CNE debe verificar posibles faltas formales en cuentas de campaña, también resulta imprescindible que las investigaciones no alimenten narrativas sin comprobar que dañen reputaciones o pongan en riesgo procesos democráticos.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido una resolución definitiva que concluya responsabilidad penal o electoral; el CNE dispone el plazo para llenar vacíos en su denuncia y Zurita mantiene su postura de víctima de una campaña coordinada, anunciando que dará seguimiento legal y público al caso. La coincidencia temporal entre la denuncia electoral y la denuncia por difamación digital promete mantener el asunto en la agenda pública durante los próximos días.