En el transcurso de esta semana, se han dado varias revelaciones sobre Edgar José Lama Von Buchwald, actual presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en donde desató una controversia política al conocerse que también figura como asambleísta suplente de Jorge Chamba, legislador del partido gobernante ADN. La información, difundida por diversos medios y confirmada a través del sitio web del Observatorio Legislativo, ha generado interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y la legalidad de su doble función en la administración pública.
Según los registros oficiales, Lama no ha participado en sesiones, ni ha votado ni registrado su presencia en el pleno desde su designación como suplente. Sin embargo, expertos en ética pública argumentan que el simple hecho de figurar como suplente mientras dirige una de las entidades públicas más grandes del país podría violar los principios de imparcialidad e independencia política exigidos para su cargo en el IESS.
La controversia se agudizó al conocerse que la pareja de Lama, Maite Levi, también ocupa un cargo similar. Levi figura como legisladora suplente de Francisco Cevallos, también de ADN. La coincidencia de que ambos ocupen cargos suplentes en el partido gobernante ha generado críticas por parte de legisladores de la oposición y organizaciones civiles, quienes describen la situación como una “red de influencia política” dentro del Gobierno.
Este doble vínculo ha avivado el debate en redes sociales, donde usuarios destacaron la superposición, cuestionando si el Gobierno está concentrando el poder a través de funcionarios leales. Los críticos afirman que estas prácticas difuminan los límites entre el servicio público y la lealtad política, especialmente en instituciones que gestionan las contribuciones ciudadanas, como el IESS.
Analistas políticos consultados señalan que la controversia surge en un momento en que el IESS enfrenta una creciente polémica sobre su gestión financiera, las adquisiciones hospitalarias y la sostenibilidad del fondo de pensiones. Argumentan que tener a su máximo responsable vinculado a un partido político podría socavar la confianza en la independencia de la institución y su capacidad para administrar los recursos sin injerencia partidista.