La Conaie solicitó al Gobierno nacional que declare la emergencia ambiental en Napo ante los daños registrados en la provincia amazónica como consecuencia de la minería ilegal. El movimiento indígena plantea que, para lograr una remediación completa, se pongan en marcha “planes (…) con participación comunitaria, fortalecimiento de los mecanismos de control y espacios de diálogo vinculantes con los pueblos y nacionalidades”.
Según la organización, los impactos de la minería ilegal en Napo se evidencian desde 2007, periodo en el que más de 1.300 hectáreas de bosque han resultado afectadas y se ha producido la contaminación de los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno, Puni, Cotona y Arajuno.
El 2 de febrero, el Ministerio de Ambiente y Energía dispuso la suspensión total de las actividades mineras en Napo. Para la Conaie, esta medida implica el reconocimiento de la presencia de mercurio, metales pesados y cianuro. “Estos contaminante, vinculados a actividades mineras, han puesto en riesgo fuentes de agua, ecosistemas completos y la salud de comunidades locales”, señala un comunicado.
La Conaie destacó que la paralización de la minería en Napo se da de manera simultánea a la presentación de un proyecto de ley económico urgente orientado a promover esta actividad.
DFinalmente, desde el movimiento indígena se expresa desconfianza sobre si dicha propuesta “busca proteger los territorios y las fuentes de agua o preparar el camino para una política extractiva más agresiva bajo nuevas reglas”.