Durante la sesión del Concejo Municipal de Guayaquil, presidida por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, se manifestaron posturas de rechazo frente a la suspensión de trámites en el GAD Municipal y sus empresas adscritas por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), además de cuestionamientos a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador.
La alcaldesa (s) informó que hay 32 procesos detenidos en direcciones municipales y 13 en empresas públicas. Entre los proyectos impactados citó la intervención integral de la avenida Juan Tanca Marengo; la fiscalización del soterramiento de cables en Urdesa; la reconstrucción del parque lineal Raúl Clemente Huerta; la reconstrucción del mercado Guasmo Norte; y trabajos eléctricos en la ciudadela Las Garzas.
“Esto sí es un ataque contra la ciudad de Guayaquil. Reitero lo que dije hace dos semanas: si no era contra Guayaquil, ¿por qué tenemos 32 procesos detenidos solo en direcciones municipales? Esto se traduce en menos obras para la ciudad y menos servicios para la gente. Si no es contra Guayaquil, ¿qué significa esto?”, expresó Coronel.
La concejala Emily Vera expuso los efectos de las modificaciones al COOTAD, señalando que podrían perjudicar la atención a mujeres y niños víctimas de violencia ante la eventual reducción de psicólogos y abogados, así como afectar los vacacionales deportivos y las escuelas para niños con discapacidades por restricciones en el acceso a terapistas. “Hoy lo que están haciendo no es una afectación a la institucionalidad; es una afectación a 3 millones de personas que viven en Guayaquil (…) Lo que le molesta al Gobierno es que en Guayaquil hay un Municipio presente, que en Guayaquil se restituyen derechos”, afirmó.
En la jornada también se aprobó un convenio de cooperación con Patricio Rodolfo Rivera Armijos para desarrollar el segundo vacacional deportivo “Guayaquil, Ciudad de Todos los Deportes”. Vera indicó que el programa alcanzará a cerca de 1.500 niños, de entre 6 y 12 años, de familias vulnerables.
Finalmente, el Concejo declaró Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) a las 17,98 hectáreas del cerro El Muerto, en la parroquia El Morro. El concejal Manuel Romero destacó su relevancia ambiental (con 52 especies de flora y 51 de fauna, incluidas especies vulnerables), así como su aporte cultural y turístico.