Las nuevas leyes de seguridad y los decretos ejecutivos promulgados en los últimos años por el Gobierno Nacional, fueron denunciados por ocho relatores de las Naciones Unidas, debido a que no están alineados con los estándares internacionales y podrían estar legalizando afectaciones graves a los derechos humanos. Los relatores manifestaron su preocupación por el marco legal adoptado en el país en materia de seguridad el pasado 9 de marzo, a través de un documento firmado de 21 páginas.
Las objeciones iniciales se centran en los artículos 366 y 367 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referentes a la tipificación del terrorismo. Los especialistas sostienen que la descripción es excesivamente general, permitiendo procesar a cualquier individuo y facilitando la criminalización de la protesta social.
Respecto a la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada en 2025, la ONU señala que la normativa afecta el derecho a la privacidad. El texto resalta como punto de mayor gravedad que se autoricen operaciones encubiertas y vigilancia electrónica sin requerir una orden judicial previa. Asimismo, se critica que el sistema de inteligencia responda directamente al presidente de la República, Daniel Noboa, sin contar con una entidad de supervisión autónoma.
El análisis contempla además los decretos 730 y 111. El primero fue dictado en 2023 por el expresidente, Guillermo Lasso, disponiendo que las Fuerzas Armadas neutralicen la amenaza terrorista. El segundo lo emitió en 2024 el presidente Daniel Noboa, declarando un conflicto armado interno. Sobre este punto, la ONU advierte que tal declaratoria podría utilizarse para avalar el uso de fuerza letal contra sujetos que no impliquen un riesgo inminente, derivando posiblemente en ejecuciones extrajudiciales.
Finalmente, de acuerdo con el organismo, se registraron 21 decretos y 7 prórrogas en Ecuador entre enero de 2024 y marzo de 2026. Finalmente, mencionan que el Comité de Derechos Humanos ya había expuesto en 2024 su “profunda preocupación” por las repercusiones excesivas de estas políticas en la ciudadanía. Además, los relatores demandaron al Gobierno nacional que detalle cómo planea reformar estas normas para que se ajusten con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez, recordaron que aún falta una respuesta oficial para las comunicaciones enviadas por la ONU en 2025.