Tras 10 años de procesos pendientes, este viernes 17 de abril, la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair pasó oficialmente a manos del Estado ecuatoriano. Esto, luego del acuerdo que se cerró con Sinohydro y que tuvo el respaldo de arbitraje internacional.
Este proceso se da una vez que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la contratista Sinohydro Corporation suscribieron el Acta de Recepción Definitiva del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, de 1.500 megavatios (MW.)
Dicho documento lo firmaron Sheng Mingzhong, gerente del Proyecto Coca Codo Sinclair de Sinohydro Corporation, y Pedro Luis Rodríguez, subgerente del Proyecto Coca Codo Sinclair de la CELEC EP y administrador del Contrato IPC (ingeniería, procura y construcción), en representación del Estado ecuatoriano.
Este paso se concretó en cumplimiento del laudo por acuerdo de las partes, notificado por la Corte Internacional de Arbitraje el 03 de abril de 2026, que aprobó la solución alcanzada entre la CELEC EP y Sinohydro para cerrar el arbitraje internacional, y que contó con la autorización y patrocinio de la Procuraduría General del Estado.
Ahora, con este traspaso, la obra pasará a manos de PowerChina, dueña de Sinohydro, que gestionará la planta por los próximos 25 años bajo un contrato de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM).
Como parte de esta maniobra, Ecuador recibirá USD 400 millones; la mitad en efectivo para Celec y los otros USD 200 millones en créditos para proyectos de energía limpia.
Celec indicó que este hito no implica cesión de la hidroeléctrica ni pérdida de control del Estado, ya que Ecuador mantiene la rectoría, supervisión y defensa de sus intereses sobre Coca Codo Sinclair.
Aunque la central se inauguró en noviembre de 2016 con una inversión aproximada de USD 2.763 millones, los gobiernos anteriores se abstuvieron de recibirla formalmente, por las supuestas 17.661 fisuras detectadas en los distribuidores de presión.
Un informe de la Contraloría General del Estado de 2018 ya advertía que estos fallos representaban un riesgo serio de inundación en la casa de máquinas, valorada en USD 1.011 millones, lo que ponía en peligro la integridad de unos 70 trabajadores.
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