El Gobierno de Bolivia enfrenta un clima de creciente tensión tras semanas de protestas convocadas por diversos sectores sociales que exigen mejoras salariales y rechazan la privatización de empresas públicas.
La crisis se agudizó el viernes 15 de mayo con la movilización de miles de mineros, quienes paralizaron la capital del país en demanda de atención a sus reclamos, en una jornada que ha derivado en duros enfrentamientos directos con agentes de las fuerzas antidisturbios.
Por ejemplo, este sábado 16 de mayo, la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron una operación conjunta para despejar las principales rutas que permanecen bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz.
Los manifestantes también exigen la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, quien lleva seis meses de gestión. Por la resistencia de las protestas en algunos puntos hay al menos 24 aprehendidos.
La operación, llamada «Corredor humanitario», moviliza desde esta madrugada a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, informaron por separado a los medios los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quienes acompañan el desplazamiento.
Sokol sostuvo que el operativo tiene «la única finalidad de liberar» las rutas «y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno (medicinal) puedan ingresar» a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo nacional, permitiendo además «que los turistas que están varados en diferentes sectores (…) puedan retornar a sus países».
Por parte, la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos de La Paz «Tupac Katari» piden con protestas callejeras y bloqueos de rutas la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.
Pasado el mediodía de este sábado, algunas rutas habían sido liberadas. Soldados con palas quitaban los montículos de tierra que los manifestantes habían puesto sobre la cinta asfáltica.
Sin embargo, persistían los bloqueos en El Alto y La Paz. Manifestantes obstaculizan el tránsito en la avenida Juan Pablo II, mientras las fuerzas de seguridad tiraban gases lacrimógenos. En esa zona registran al menos 22 aprehendidos y dos detenidos.
Ante esta situación, los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú firmaron un documento conjunto para expresar su «preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población».
«Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025», advirtieron los ocho países firmantes.
El Ejecutivo boliviano agradeció las muestras de apoyo trasladadas por países de la región y organismos internacionales ante la crisis derivada de las protestas y bloqueos, y ha subrayado que mantendrá abiertos los canales de diálogo, si bien actuará con “firmeza” frente a cualquier intento de “quebrantar la paz social” y la “institucionalidad” en el país.
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