La confrontación por liderar al próximo Fiscal General del Estado se adentrará en una nueva fase durante la semana que comienza el 8 de junio de 2026. En esos días se dará inicio oficialmente a la etapa de evaluación pública y apelación ciudadana contra los 28 candidatos al puesto.
Esto sucede después de que el 26 de mayo de 2026 finalizara la etapa de reconsideración de méritos en el concurso que lideró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En la tarde de este martes, la comisión ciudadana responsable de seleccionar al nuevo fiscal general examinó las solicitudes de revisión hechas por 22 postulantes, quienes pidieron ajustes en las calificaciones obtenidas en la evaluación de su trayectoria profesional y experiencia laboral, que se calificó con un total de 50 puntos.
Al cierre de la jornada, no se conocían oficialmente cuántas de las recalificaciones fueron aceptadas. Durante las sesiones, hubo discrepancias entre los miembros de la comisión, que se resolvieron mediante votación.
Los casos discutidos
Uno de los casos tratados fue el de la postulante Tirsa Gómez Proaño, quien logró un puntaje de 30 sobre 50 y solicitó que se le considerara un certificado adicional como parte de sus méritos. No obstante, su solicitud fue desestimada con cinco votos en contra.
El comisionado Hugo Ludeña apoyó la petición argumentando que el documento presentado indicaba un reconocimiento a la labor realizada por la postulante en una delegación judicial. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la comisión no apoyaron la recalificación, y el puntaje se mantuvo sin alteraciones.
Entre los candidatos que siguen en la competencia se encuentran personalidades como el actual fiscal general interino, Carlos Alarcón; el exministro de Gobierno, José de la Gasca; y la jueza nacional Daniella Camacho.
¿Qué sigue en el proceso para Fiscal General?
Este martes se cumplía el plazo de cinco días hábiles que tenían los comisionados para revisar las solicitudes de reconsideración presentadas por los candidatos. Luego de esto, la comisión dispondrá de dos días más para notificar a los postulantes sobre las decisiones y otros dos días para enviar el informe final al pleno del Cpccs.
Una vez pasado ese periodo, el Consejo tendrá tres días para convocar oficialmente a la fase de evaluación pública y apelación ciudadana. En esta etapa, cualquier miembro de la sociedad civil podrá presentar objeciones contra los candidatos por supuestas faltas de integridad, ética, idoneidad o por no cumplir con los requisitos legales. La ciudadanía contará con cinco días hábiles para realizar las impugnaciones tras la publicación de la convocatoria oficial.
El reto académico: 3. 000 preguntas en la mira
Paralelamente, el Cpccs solicitó a las universidades y escuelas politécnicas del país que envíen listas de docentes expertos en áreas como derecho penal, litigación oral, gestión pública, derechos humanos y derecho constitucional.
Los aspectos importantes de esta fase académica incluyen:
Conformación: se necesita un equipo de 30 profesores universitarios con al menos diez años de experiencia docente o profesional.
Tarea: los especialistas deberán crear un banco de aproximadamente 3. 000 preguntas y casos prácticos.
Evaluación: la prueba escrita tendrá una puntuación de 30 puntos y la resolución del caso práctico contará con 20 puntos, completando los 100 puntos totales del concurso junto a la etapa de méritos. El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, subrayó que esta fase será clave para evaluar las habilidades técnicas de los aspirantes en situaciones reales de administración de justicia.
Dificultades en la comisión ciudadana
Mientras el proceso continúa, hay otro inconveniente en la comisión ciudadana: la falta de representantes de la Función Judicial. A cinco meses de la creación de la comisión responsable de elegir al nuevo fiscal general, el Cpccs aún no ha nombrado a los delegados principal y suplente de esa función estatal.
La comisión se estableció el 22 de enero de 2026. Sin embargo, pocos días después, los dos representantes de la Función Judicial, liderados por la Corte Nacional de Justicia, presentaron su renuncia, y sus sustitutos no han sido anunciados hasta la fecha.
El 19 de marzo, el presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, envió al Cpccs los nombres de los nuevos delegados: Eliana Jaramillo Loayza y Luis Flores García. Desde ese momento, no se ha comunicado si ambos candidatos cumplen con todos los requisitos legales necesarios para formar parte de la comisión.
Para el 27 de mayo, se prevé una sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, durante la cual se discutirá la excusa presentada por Luis Flores y se evaluará la posible inclusión de Luis Herrera Salinas. Antes de su nombramiento, se debe confirmar que no tenga prohibiciones o inhabilidades legales.
Las comisiones ciudadanas encargadas de la selección están integradas por diez miembros:
Cinco representantes de la población.
Cinco delegados de las funciones estatales Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.