El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado sufrió un nuevo estancamiento. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no logró los votos necesarios para aprobar el informe final de la fase de méritos y recalificación de los 28 postulantes.
El documento, elaborado por la Comisión Ciudadana de Selección, aseguraba que la evaluación fue transparente e imparcial. Sin embargo, al momento de la votación, la moción solo obtuvo tres votos a favor (Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez y Johanna Verdezoto), dos en contra y una abstención, impidiendo que el proceso avance a la etapa de impugnación.
Las críticas por presuntas irregularidades marcaron el debate. La consejera Nicole Bonifaz votó en contra tras denunciar que no hubo criterios uniformes. Bonifaz alertó que, en la etapa de recalificación, dos postulantes subieron sus notas de forma desproporcionada en 5 y 5,5 puntos sin una justificación clara.
Por su parte, la vocal Piedad Cuarán respaldó los cuestionamientos. Basada en informes de la Comisión Cívica y denuncias públicas, Cuarán aseguró que el sistema actual ignora deliberadamente la formación académica y la experiencia profesional de perfiles competitivos, restándole legitimidad a las notas.
Ante la falta de consensos, el consejero Roberto Gilbert se abstuvo y propuso que los siete integrantes del Pleno revisen personalmente las carpetas de los 28 aspirantes. Su idea es que cada consejero analice minuciosamente cuatro perfiles para entender los criterios de puntuación antes de tomar una decisión definitiva.
En contraste, el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, defendió el informe. El funcionario argumentó que, por mandato constitucional, el Pleno debe limitarse a conocer los documentos y permitir que el concurso siga su curso, ya que la Comisión Ciudadana es la única encargada de la evaluación. Con este resultado, el proceso entra en una fase de total incertidumbre.
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