El bloque oficialista en la Asamblea impidió una solicitud para que la Fiscalía proporcione audios, videos y chats relacionados con el caso Progen que no están incluyendo en las investigaciones. La petición no fue discutida, ya que se agotaron los cambios permitidos mediante propuestas de los legisladores de ADN.
En la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, el 9 de junio de 2026, no se incluyó otra solicitud para investigar las irregularidades en la compra de generadores a la empresa Progen. El oficialismo, a través del prosecretario del Parlamento, argumentó que la normativa establece un límite en el número de modificaciones al orden del día.
El legislador de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina Onofa, hizo una solicitud formal para la sesión No. 099-AN-2025-2029. Su intención era instar a la Fiscalía General del Estado a que entregue los audios, videos y chats recopilados por la Comisión de Evaluación de Celec en relación con la compra de generadores, elementos que, según el parlamentario, no se han integrado en las indagaciones actuales.
“Mover a la Fiscalía General del Estado a que proporcione los audios, videos, chats y otros elementos que le hayan sido presentados por la Comisión de Evaluación de Celec durante el proceso de adquisición de los generadores de Progen, y que hasta ahora no han sido parte de la investigación”, solicitaba la propuesta de Molina.
Sin embargo, el tratamiento de esta cuestión fue bloqueado por la aprobación anterior de otras tres mociones que consumieron el límite permitido por la legislación:
-Andrés Castillo (ADN): una propuesta para conocer los resultados de las acciones contra el crimen organizado realizadas durante el estado de excepción entre el 3 y 18 de mayo de 2026, la cual recibió 83 votos a favor.
-Adrián Castro (ADN): un reconocimiento a la importancia del evento Business Future of the Americas 2026 como herramienta para potenciar la inversión extranjera, aprobado con 81 votos.
-Andrés Gushmer (ADN): una resolución para elogiar los esfuerzos del Ejecutivo en el programa de becas “Jóvenes del Nuevo Ecuador 2026”.
Este bloqueo es resultado de la aplicación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El segundo párrafo del artículo 129 de esta ley indica que en cada sesión solo se pueden incluir tres puntos de modificación en el orden del día.
Al utilizar estos tres espacios para temas de gestión gubernamental o seguridad, la mayoría legislativa consigue, dentro del marco legal, posponer de nuevo el debate sobre contratos que suman USD 149. 1 millones y que causaron un daño al Estado de más de USD 100 millones.
Audios, chats y revelaciones recientes
En las últimas semanas, se han revelado diversos audios y chats que comprometen a funcionarios de alto nivel. Uno de los elementos más destacados es una grabación de julio de 2025, atribuida a la entonces ministra Inés Manzano. En el audio, se escucha a Manzano coordinando con la asambleísta Diana Jácome (ADN) para sortear el primer intento de juicio político relacionado con los contratos de Progen y Austral.
Según los documentos, Jácome habría “asumido la responsabilidad” sobre el asunto dentro de la Comisión de Transparencia para impedir que cayera en manos de un grupo opositor. La indicación para los funcionarios era evidente: asistir a las audiencias pero ser “concisos” y no mencionar nada que pudiera “profundizar el problema”. Esta coordinación habría llevado a la elaboración de un informe legislativo en el que no había implicaciones políticas en ese momento.
Otro elemento crucial son las conversaciones entre Manzano y John Manning, director ejecutivo de Progen. En estos intercambios, se muestra una negociación directa: Manzano condicionaba la firma de un adendum al contrato a cambio de que la empresa proporcionara seis generadores para la zona de Salitral.
Manning, por su parte, respondía con “planes separados” para poner unidades en funcionamiento antes de la Navidad de 2024, incluso sugiriendo el uso de técnicos para activar equipos que ya estaban operativos por otras entidades. Además, se incluyen conversaciones con Karla Saud (contacto de Progen), donde se compartían imágenes de equipos supuestamente nuevos, mientras la ministra se quejaba de la ausencia de transformadores.
El pedido de supervisión también se basa en material audiovisual obtenido en septiembre de 2024 en Houston. En dicho video, los técnicos de una comisión oficial dejaron registrado que los generadores adquiridos por USD 149,1 millones “no funcionaban” y eran, de hecho, “chatarra” reacondicionada.
Junto a este video, hay audios filtrados en los que funcionarios de Celec presionaban a los técnicos responsables de verificar los equipos, advirtiéndoles con la consigna de que el proceso de compra “no puede fallar”.
Antecedentes
El 20 de mayo de 2026, el bloque oficialista ya había usado este mismo recurso legal para dar prioridad a resoluciones de apoyo al Gobierno de Daniel Noboa, dejando en un estado incierto las solicitudes de comparecencia de exautoridades como Roberto Luque y Antonio Goncalves por el mismo asunto.
En aquella ocasión, el Pleno dio prioridad y aprobó tres mociones de apoyo al Gobierno de Daniel Noboa:
-Un reconocimiento al programa EducaEmpleo.
-El apoyo a las acciones del gobierno en la lucha contra el crimen organizado y la conferencia anticarteles de las Américas.
-La aprobación para la entrega de equipamiento y fortalecimiento operativo de la Policía Nacional.
Estas iniciativas fueron aprobadas con 80, 78 y 79 votos, respectivamente, ignorando el pedido de rendición de cuentas por la crisis energética.