El proceso de incautación de la vivienda del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ejecutada el viernes 12 de junio de 2026 por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), produjo una serie de críticas en el ámbito político y jurídico nacional.
En la casa del burgomaestre, ubicada en la urbanización Blue Bay, en la Isla Mocolí, residen su esposa Fiorella Icaza, sus tres hijos y una persona con discapacidad.
A través de su cuenta de X, David Norero, miembro de la defensa jurídica de Alvarez, calificó dicho proceso de incautación como un exceso y afirmó que existen “límites que un Estado de Derecho jamás debería cruzar”.
Indicó que esta situación no se trata de Aquiles Alvarez, ni de política, ni siquiera de estar de acuerdo o no con una persona. “Se trata de tres niños y de una persona con discapacidad que no han sido acusados de nada y que podrían sufrir las consecuencias de decisiones tomadas por adultos. No a sus hijos. No a sus familias”, enfatizó.
Sostuvo que el alcalde mantiene intacta su presunción de inocencia, como lo garantiza la Constitución para toda persona y, por eso, preguntó: “¿Es justo que las consecuencias de un proceso que aún no termina recaigan sobre tres niños y una persona con discapacidad que no están acusados de absolutamente nada? Con los niños no. Nunca”.
La defensa técnica señaló que el operativo estatal, coordinado con la Policía Nacional, se realizó de forma sorpresiva en menos de 24 horas después de emitida la orden judicial por el juez Jairo García.
Esta medida se ejecutó en el marco del denominado caso Goleada, relacionado con presunto lavado de activos, mientras los abogados se encontraban participando en una audiencia clave de la misma causa.
Según los registros judiciales, el inmueble incautado está valorado en más de USD 1 millón y consta a nombre de la inmobiliaria Fiorema S.A..
Para el jurista Julio Cesar Cueva, una de las paradojas más absurdas de ciertos procesos judiciales es ordenar simultáneamente la incautación y la prohibición de enajenar de un bien inmueble para evitar que “desaparezca”.
“¿Desaparecer? Se trata de una casa. Un bien raíz. Por definición, no puede irse a ninguna parte. Si el objetivo es impedir la transferencia del dominio, la prohibición de enajenar es una medida idónea, suficiente y proporcional para garantizar los fines del proceso”, explicó.
Dijo que este tema corre el riesgo de convertirse en una afectación innecesaria de derechos fundamentales, más aún cuando en esa vivienda habitan tres niños y una persona con discapacidad, completamente ajenos a cualquier controversia entre adultos.
“La justicia cautelar no puede transformarse en castigo anticipado ni en una fuente de sufrimiento para quienes no son parte del proceso”, acotó.
Mientras que la parlamentaria Andina y militante de la Revolución Ciudadana, Sofia Espin, manifestó que es realmente de locos el posible intento de quitarle la casa al alcalde Aquiles Alvarez.
“¿Acaso quieren dejar a su esposa Fiorella Ycaza y sus hijos, en la calle? ¡Hasta dónde les llega el odio y la persecución política! ¡Ya basta!”, subrayó.
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