El anuncio del Gobierno Nacional de ampliar las desconexiones eléctricas de 48 a 72 horas semanales para los sectores de Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial, a partir del lunes 12 de octubre de 2026, no cayó del todo bien en el sector empresarial ecuatoriano.
A esto, se suma que ayer, el Ministerio de Ambiente y Energía dispuso la «desconexión temporal del suministro eléctrico» a las industrias clasificadas en Alto Voltaje y a determinados usuarios industriales de Media Tensión, cuya demanda energética «ha registrado un incremento significativo durante este feriado».
La entidad indicó que dicha decisión «busca administrar responsablemente la energía disponible, preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y priorizar el abastecimiento a los hogares ecuatorianos».
Ante ello, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) alertó que la paralización de las jornadas productivas amenaza miles de plazas de trabajo y los ingresos de las familias.
Sostuvo que la falta de actividad en las industrias frena el crecimiento económico y acentúa la inseguridad en el país, al tiempo que recordó que restricciones energéticas previas llegaron a restar hasta 1,4 puntos al Producto Interno Bruto (PIB).
Por ello, el CEE solicitó una reunión con las autoridades para acordar un plan de contingencia, incentivar la autogeneración y establecer una estrategia de seguridad energética de largo plazo.
Bajo ese contexto, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) expresó su inquietud ya que cerca del 75% del volumen exportado corresponde a productos perecibles que requieren refrigeración y continuidad en su cadena logística.
“Frente a la crítica situación energética, las empresas del sector han mantenido su compromiso de autogeneración. Sin embargo, es indispensables que las medias adoptadas contemplen las particularidades de las actividades productivas”, señaló el gremio.
Advirtió que los apagones prolongados elevan los costos de operación, generan pérdidas económicas y ponen en riesgo los compromisos comerciales internacionales del Ecuador.
Por su parte, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) reiteró su disposición a cooperar con las autoridades, pero remarcó los graves obstáculos que enfrentan las empresas para sostener la producción y cumplir sus contratos.
Dijo que es importante trabajar con el Gobierno «en alternativas que faciliten la continuidad de las operaciones». La CIP acotó que el ahorro energético y la participación de todos los sectores pueden contribuir a preservar las reservas del país.
Mientras que el Centro de la Industria Láctea del Ecuador (CIL) destacó que sus empresas asociadas procesan cerca de 1,8 millones de litros de leche diarios y sostienen aproximadamente 4.000 empleos directos, por lo que demandó cronogramas previsibles que eviten el desabastecimiento y la pérdida de alimentos.
Así mismo, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) cuestionó la constante modificación de los esquemas de racionamiento y solicitó reglas claras para proteger las operaciones del sector camaronero.
Frente a esta coyuntura, la industria ecuatoriana exige al Ejecutivo cronogramas comunicados con al menos 48 horas de antelación para reducir el impacto sobre la producción y el empleo.
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