Las clínicas de diálisis afirmaron que ya no pueden mantener el servicio y esto se debe a una deuda que se ha reunido con el paso de los años. En base a información de prestadores, la crisis se fue acentuando a partir de 2021. En ese año, la deuda con el Ministerio de Salud Pública (MSP) rondaba los USD 80 millones. Para 2023, esa cifra se «duplicó» y habría llegado a USD 160 millones.
Actualmente, según los prestadores, la deuda solo con el Ministerio de Salud llegaría a alrededor de USD 400 millones. Aunque con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la situación se ha reducido en complejidad, pero aún así, no deja de ser preocupante, manifiestan. La deuda habría bajado de USD 120 millones a alrededor de USD 80 millones.
En el presente, unos 20 800 pacientes deben hacerse el proceso de diálisis en el país y, según los prestadores, 19.340 se atienden en 116 centros privados del territorio nacional, que en conjunto suman 3.500 máquinas de tratamiento.
En promedio, 5 pacientes son tratados por cada máquina, en 3 ocasiones por semana. La red estatal solo tiene el límite para atender a 1.460 ciudadanos. Para llegar a ser parte de los prestadores de este tratamiento, las clínicas deben atravesar por procesos de auditoría, certificación y autorización.
El servicio se complementa con el acompañamiento de nefrólogos, insumos, accesos vasculares y todo el tratamiento que necesita un paciente renal, así como todo el personal administrativo y demás servicios. Desde que esta enfermedad fue clasificada como catastrófica, el Estado tiene que cubrir los costos, sin embargo, el modelo excede el presupuesto.
Finalmente, con respecto al caso de una de las clínicas, se ha registrado una deuda de 26 meses. De una cuenta total de USD 2,2 millones, solo USD 1,65 millones se encontrarían auditados. El problema es cuánto tiempo pueden las clínicas continuar con el financiamiento con recursos propios, un servicio del que depende la vida de una gran cantidad de ciudadanos.