Este 2 de agosto de 2021, la Unión Nacional de Educadores (UNE) firmó un acuerdo con la Asamblea Nacional, en el que se comprometió a no incrementar el número de personas ni provincias a la huelga de hambre que inició hace 22 días.
Esto tras la conformación de una mesa técnica en la Asamblea Nacional para tratar la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), y cuya vigencia en suspensión es el motivo de la medida de hecho.
En el acuerdo también se pide a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que convoque a otros actores públicos y privados como la Unesco, Unicef, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otros, para que contribuyan al diálogo.
El Magisterio pidió, además, que se exhorte a la Corte Constitucional (CC) para que resuelva con celeridad la demanda de inconstitucionalidad contra de la LOEI. La demanda fue interpuesta, entre otras razones, por considerar que su aplicación pone en riesgo sostenibilidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Al momento son 11 las provincias en las que se ejecuta la huelga de hambre. “En este tiempo, 15 compañeros han tenido quebrantos de salud y son atendidos en clínicas”, dijo Isabel Vargas, presidenta de la UNE.
El acuerdo de no ampliar la huelga de hambre se aplicará hasta el 6 de agosto de 2021, «pero la situación podría cambiar si el Gobierno del presidente Guillermo Lasso no escucha nuestras demandas», detalló Vargas.
La reforma de la LOEI establece un salario mínimo de 1.086 dólares para los maestros; el reintegro de docentes que fueron desvinculados en la pandemia; políticas públicas para la prevención de la violencia escolar; jubilación de docentes con 25 años de servicio sin límite de edad y más.
Vargas, quien detalló estar preocupada por la falta de acción del Gobierno, dijo que no descartan que se pueda llegar a acuerdos para que los incrementos salariales se apliquen de forma progresiva.