Dada la escasez de policías y agentes penitenciarios, el gobierno ha pedido una presencia militar en las cárceles.
El 29 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó este decreto presidencial. 276, extendió el estado de excepción por 30 días, con un juicio a partir del 29 de septiembre.
El punto central de la medida es movilizar policías y militares, hacia los centros carcelarios, para colaborar con el control de la seguridad. Esto, debido a la escasa capacidad del Cuerpo de Agentes Penitenciarios.
Actualmente, en Ecuador hay 1.646 agentes carcelarios y 37.201 presos, lo que significa que cada agente está a cargo de 23 detenidos, en promedio. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) establece un estándar de un guía por cada nueve presos.
Es decir, hay un déficit de unos 2.500 agentes penitenciarios para que exista un control adecuado de los centros penitenciarios. Ante la emergencia de inseguridad, que ya ha dejado más de 300 presos asesinados en 2021, el Gobierno ha decidido incrementar el control en las prisiones con agentes de la Policía Nacional. Aunque, según las últimas cifras también es insuficiente. 1,34 policías por cada preso A noviembre de 2021, Ecuador tiene 51.631 policías en servicio activo. Los mismos están distribuidos en distintas localidades, servicios y unidades en todo el país. Comparando esta cifra con el número de presos, en el país hay 1,34 policías por cada recluso.
Pero es imposible ponerlos a todos, o a la mayoría de ellos, a cuidar las cárceles para evitar nuevas masacres, pues la Policía tiene a su cargo la seguridad interna del país. Además de que no todos los uniformados están operativos todos los días. Siempre hay agentes con días libres, con permiso, vacaciones, baja médica, u otras razones que les impiden estar a todos en las calles. Por estas razones, destinar más efectivos a las prisiones supone también reducir el contingente policial en las calles y desproteger a la ciudadanía de la delincuencia. Este fenómeno se empieza a notar en las tres provincias con las cárceles más grandes del país: Guayas, Cotopaxi y Azuay.
Foto: Policía Nacional