Dos candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional expusieron sus elementos de descargo frente a dos impugnaciones ciudadanas, en una audiencia pública virtual que desarrolló la Comisión Calificadora. La representó su abogada Vivian Idrobo, quien reprochó que Sosa tiene evidentes nexos políticos al haber sido candidato a legislador y que eso debió haber sido notificado a la comisión. También refirió que Sosa, antes de haber sido postulado había cancelado pensiones alimenticias adeudadas. Sosa, en su defensa, aseguró que no existe falta de probidad e idoneidad por haber sido candidato, y que no lo mencionó en su hoja de vida porque la obligación en este tipo de documentos es la de referir el ejercicio en los cargos públicos que sí se han ocupado. «Esta impugnación ha servido para desprestigiarme», enfatizó Sosa. La siguiente audiencia fue para escuchar los descargos de la postulante Bárbara Terán Picconi, impugnada por la abogada Rocío Delgado. Terán se mostró indignada por esta impugnación a la que calificó de deleznable y que, en esencia, se planteó por una vendetta, porque la impugnante había perdido unos siete juicios en los que las dos actuaron como defensoras de las partes. La presidenta de la Comisión Calificadora, Vanessa Aguirre, anunció al final de las audiencias que los comisionados evaluarán las pruebas de cargo y descargo y de ello se desprenderá si las aceptan o no. Si una de estas objeciones es aceptada, los candidatos serán descalificados del concurso. Concluida esta fase del concurso de selección, la comisión anunciará las calificaciones obtenidas por los ocho concursantes a ser jueces postulados por tres funciones del Estado. Por la Presidencia de la República están Richard Omar Ortiz Ortiz, Bárbara Brenda Terán Picconi y Jhoel Martín Escudero Soliz. Finalmente, por la Función de Transparencia participan Ana Carolina Donoso Bustamante, Carlos Gerardo Vásquez Morales y Jorge Washington Sosa Meza.
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